ASEGURANDO LOS REGÍMENES DE
PROPIEDAD COLECTIVA EN UN MUNDO GLOBALIZADO


Síntesis de 41 estudios de caso sobre regímenes
de propiedad colectiva de África, Asia, Europa
y América Latina
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EJEMPLOS DE REFORMA E INNOVACIÓN

Esta sección ofrece una idea de lo que se está haciendo en distintos niveles para proteger el acceso local y comunitario a la propiedad colectiva. El fortalecimiento de la seguridad del acceso a la propiedad colectiva ha asumido distintas formas, incluyendo el desarrollo de nuevas leyes y políticas, la descentralización de las autoridades estatales, el apoyo a las instituciones tradicionales, e iniciativas de acción colectiva y organización local. Otras innovaciones buscan desarrollar nuevas instituciones socioeconómicas o mejorar la sostenibilidad medioambiental de la forma en que se utiliza la propiedad colectiva. En todos estos casos, la redistribución del poder ha sido un elemento fundamental.

Acción y organización colectivas

Las formas más comunes de respuesta a las presiones y amenazas a la propiedad colectiva son la acción colectiva y la organización comunitaria. En casi la mitad de los casos se vio alguna forma de acción colectiva, a menudo con la meta de adaptar y crear arreglos locales de más apoyo, incluyendo la renegociación de los arreglos de poder entre las comunidades, el estado y otros actores. El vínculo entre la acción colectiva y el empoderamiento comunitario se ve más claramente en casos donde los usuarios de la propiedad colectiva se enfrentan a la competencia externa por los recursos (e.g., casos de Indonesia, Perú y Escocia). Además de aumentar el apalancamiento y la fortaleza colectiva de las comunidades, la acción colectiva podría contribuir a adaptaciones y enfoques innovadores para abordar retos específicos, incluyendo innovaciones socioeconómicas e innovaciones medioambientales y, como se dijo en la sección previa, mecanismos para el manejo de conflictos.

En el estudio de caso de Saigata, India, cuando la deforestación se convirtió en una amenaza en la década de 1970, los productores migrantes establecieron grupos de discusión locales con intención de determinar las causas de la escasez de forraje y leña. Estos grupos identificaron usos de consumo que estaban contribuyendo a la degradación forestal y organizaron sketchs Dandaar en los teatros tradicionales para diseminar información sobre el consumo auto restringido de los recursos forestales. En 1976 también se formó un comité de protección forestal que reguló el acceso y uso del bosque (Ghate 2005).

Los bosques en arrendamiento en Nepal crean nueva propiedad colectiva para las secciones más pobres, y han ayudado a los pobres y, especialmente, a las mujeres a obtener apalancamiento para emprender otras actividades de empoderamiento. Mujeres y hombres pobres en tierra pueden restaurar y hacer de los bosques degradados tierras productivas de nuevo, alcanzando las metas de sostenibilidad y reducción de la pobreza, ayudando con microfinanzas a las mujeres que tienen menos acceso al crédito en relación con los hombres. Sin embargo, los grupos pudientes y de castas superiores han tratado de socavar esta iniciativa e.g., mediante el pastoreo; con ganado y dañando cultivos en áreas de arrendamiento o arrancando cultivos forestales sembrados en áreas de arrendamiento (Shrestha 2005).

Las asociaciones entre las comunidades y las organizaciones no gubernamentales o las instituciones relacionadas con proyectos, están aumentando el apoyo a la acción colectiva local. En Indonesia, a fin de proteger su acceso y uso de la propiedad colectiva, los pobladores de Nyuncung crearon foros de comunicación con las aldeas vecinas que compartían amenazas similares. Este foro sobre los bosques del pueblo formó un frente unido contra la extensión del parque nacional. Junto con una ONG local, el foro de comunicación local introdujo una zonificación del uso forestal, que abarcaba desde áreas de conservación estrictas, a través de la regeneración/ áreas de restauración, hasta áreas abiertas que podían usarse para siembra. Esta zonificación de los bosques pretende asegurar los derechos de acceso de los aldeanos de Nyuncung protegiendo y conservando al mismo tiempo las áreas forestales (Galudra 2005).

En el caso de las comunidades de campesinos del Perú, dar en alquiler parte de las tierras de pastoreo colectivas a miembros de la comunidad que carecen de tierra individual suficiente, o que necesitan dejar campos en barbecho durante algún período, genera ingresos para las comunidades. Sin embargo, en otros casos, estas áreas colectivas pueden ser usadas libremente por los campesinos empleando un sistema de rotación para controlar la degradación. En Níger, la reserva forestal de Takieta es la única fuente de bosque colectivo en un área que de otro modo está ocupada por granjas. Si bien la reserva es de propiedad estatal y es manejada por éste en el papel, es tierra colectiva de facto. La introducción de nuevas actividades tales como producción de miel/ pesca/ leña y rehabilitación del bosque, además de actividades más antiguas introducidas por el servicio forestal en la década de 1960, tales como la producción de plántulas, siembra de árboles y rehabilitación forestal, han sido importantes para conservar y proteger la propiedad colectiva forestal.

Reformas legislativa y política

Tal como se discutió anteriormente, la mayoría de los casos no identifica la existencia de leyes y políticas estatales que otorguen el reconocimiento y apoyo adecuados a los regímenes de propiedad colectiva. Al menos 11 casos propusieron que reformas asumir, a fin de proporcionar un marco legal y de política que respalde más los regímenes de propiedad colectiva.

Tres de los casos – de Escocia, Sudáfrica y Uganda – discutieron recientes reformas que se han dado y que dan cierta forma de reconocimiento legal por parte del estado a la propiedad colectiva. En Escocia, la Ley Crofters Holding de 1866 ha proporcionado a los crofters (agricultores que arriendan), derechos a la tierra y a la protección legal para que no sean desalojados de las tierras. La reciente Ley de Reforma Agraria (Land Reform Bill) del 2003, ahora otorga a los poblados con este régimen de crofting los derechos a comprar sus tierras o continuar alquilando en condiciones que ganen la aprobación de la comunidad, formen una asociación e identifiquen un plan de desarrollo. Si bien la compra comunitaria total de tierra en el poblado de Laid todavía no ha sucedido, todavía se están dando negociaciones informales entre los residentes y el actual arrendador (Seki 2005).

La Ley de Tierras de Uganda (Land Act), aprobada en el 2002, establece un marco de gobernanza para la propiedad colectiva. Este reconoce los derechos y la propiedad tradicionales, que incluye la propiedad comunal de los recursos. La Ley de Vida Silvestre (Wildlife Act) de Uganda, también reconoce los derechos de uso de la propiedad colectiva y permite que estos continúen. La transferencia de poder a los gobiernos locales a través de la Ley de Gobiernos Locales (Local Governments Act) otorga a los consejos distritales autoridad para la conservación ambiental; los consejos distritales pueden transferir más adelante el control de la caza y pesca locales a entidades de nivel más bajo (Obaikol 2005).

En Sudáfrica, la Ley de Tierra Comunal (Communal Land Rights Act) del 2004 (CLRA), establece el registro de los derechos a la tenencia a los miembros de la comunidad. Si bien todavía quedan por responder preguntas más difíciles (e.g., asuntos de distribución, estructura de propiedad y gobernanza de los recursos), los derechos a la tenencia comunitaria podrían proporcionar una base para poder abordar las amenazas que están provocando que las comunidades pierdan sus tierras. El caso de Ekutheleni, sin embargo, enfatiza que esto sólo se logrará si se identifica un punto medio entre los sistemas de tenencia locales y las prácticas administrativas agrarias del estado, el cual hasta la fecha ha demostrado ser difícil de encontrar. Sin este cambio, la nueva legislación por tanto ha fracasado en ofrecer nuevas soluciones a los residentes de Ekutheleni (AFRA 2005).

Los cambios al marco legal podrían también crear un “entorno facilitador” para que los pueblos rurales participen en la toma de decisiones que les afectan, incluyendo un proceso de política que tiene que ver con la propiedad colectiva. La constitución tailandesa de 1997, por ejemplo, requiere que el estado apoye la participación de la gente en el manejo de los recursos naturales y la toma de decisiones relevante. Esta disposición ahora está siendo usada como una base para abogar por políticas que reconozcan los sistemas de derechos de propiedad locales (Kitewachakul 2005).

Los estudios de caso también señalaron que las organizaciones de habitantes rurales y ONGs desempeñan un papel cada vez más significativo, abogando por la reforma política y legislativa para reconocer y fortalecer los regímenes de propiedad colectiva. Los casos de Argentina, Kenia, Perú y Uganda identificaron todos campañas de reforma que están siendo conducidos por redes de la sociedad civil, incluyendo esfuerzos para trabajar con las comunidades rurales y la asociaciones de pueblos rurales, con el objeto de identificar preocupaciones clave sobre la tenencia de la tierra y desarrollar propuestas de reforma legislativa (Burneo 2005, Karangathi 2005, Kosovsky 2005, Obaikol 2005).

Descentralización y empoderamiento de las autoridades tradicionales

Tal como se describió en la Sección 2 de este documento, las formas de descentralización y transferencia de poder, incluso a través del empoderamiento de las instituciones locales tradicionales, son otra forma de respuesta a las presiones que enfrenan los regímenes de propiedad colectiva. En Etiopía, aunque la tierra pertenece al estado, los poderes administrativos y la autoridad han sido descentralizados hacia las autoridades y regiones étnicas locales, ganando poder para manejar sus propios asuntos. La constitución reconoce plenamente la ley tradicional y religiosa; fueron revividas importantes instituciones y autoridades tradicionales. Además, se están formando consejos de ancianos somalíes, Guurti, (y de los Afar) dentro de los gobiernos regionales. Ahora hay interacción significativa entre las instituciones tradicionales que regulan el acceso a la propiedad colectiva y las autoridades regionales y estatales.

La descentralización ha visto una mejora de la comunicación entre los miembros de las comunidades, a través de reuniones de vecindario más pequeñas para la resolución de conflictos. También ha sido relevante para la resolución de conflictos porque el aumento de los conflictos entre las distintas comunidades étnicas estaba vinculado a la disminución de la efectividad de los mecanismos habituales debido al estado. En Níger, la descentralización, basada en el nuevo Code Rurale, comenzó en la década de 1990. Esto ha aumentado las posibilidades de la experimentación local con la gestión del RPC basada en la comunidad.(1)

La ley de consejos distritales rurales de 1998 en Zimbabwe, transfiere la autoridad de manejo de los recursos naturales a los consejos de desarrollo rural, que son el nivel más bajo del órgano administrativo con facultad para manejar presupuestos y remitir a las comunidades locales. Sin embargo, bajo la ley de líderes tradicionales, los líderes de las aldeas también son responsables de asegurar que las tierras comunales sean asignadas de conformidad con la ley de tierra comunitaria, que rige el sistema de tierra comunal (con el título conferido al presidente como representante del estado).

Si bien la transferencia se considera importante, a menudo podría complicarse por el conflicto entre las instituciones tradicionales y las modernas, que carecen de claridad sobre sus papeles y responsabilidades. Donde los líderes tradicionales todavía imponen respeto en los temas cívicos y culturales, y podrían continuar formando una base para la promoción del MRN sostenible y basado en la comunidad. /sic/

El gobierno desempeña un papel activo en el reforzamiento de la estructura de auto-gobierno de las organizaciones y no participa en la responsabilidad de manejo de las organizaciones de riego que, a su vez, auto-gobiernan sus recursos basadas en sus instituciones de riego fortalecidas, costumbres sociales, confianza y reciprocidad (Ashutosh 2005).

Estos ejemplos ilustran la importancia del apoyo adecuado a los procesos de descentralización o de transferencia de poder, de tal forma que las comunidades locales o las autoridades tradicionales pueden realizar las tareas y responsabilidades para las cuales están siendo empoderadas. Este apoyo podría venir del estado (como el caso de los sistemas de riego en Japón), de ONGs u otros grupos de la sociedad civil (como en el caso del manejo de conflictos en Benín, descrito en la Sección 5) de organizaciones internacionales (como el caso del bosque de Takieta en Níger, descrito en la Sección 2), o de una combinación de fuentes distintas.

(1)Para mayor información sobre el Code Rural de Níger y otras innovaciones sobre la tenencia ver Mwangi y Dohrn, Próximamente

Tierra, Dignidad y Desarrollo