Aprendiendo sobre gobernanza territorial y procesos autonómicos en la Costa Caribe de Nicaragua de la mano de CADPI

Tuesday, October 18, 2016

Artículo colectivo preparado por pasantes participantes de la Pasantía ILC ALC 2016.

   

Flavia Goya (CEPES – PERÚ)

Ida Baneo (IBC – PERÚ)

Sharon Pinzón (CONGCOOP – GUATEMALA)

 

El Programa “Pasantía de jóvenes de la International Land Coalition de América Latina y El Caribe (ILC–ALC)”, llevado a cabo en Nicaragua del 14 al 28 de agosto de 2016, permitió a seis jóvenes de cuatro países -Colombia, Honduras, Guatemala y Perú- representantes de diferentes organizaciones miembro de la ILC, conocer y compartir experiencias en torno a la gobernanza de la tierra.

Durante la segunda semana en la Costa Atlántica de Nicaragua, en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, se realizó una visita al Centro para la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), organización que trabaja por fortalecer la autonomía de los pueblos indígena para que las mujeres, hombres y jóvenes puedan gozar plenamente de sus derechos de la tierra y disfrutar de un modelo del buen vivir, a través del respeto de la libre determinación de los territorios, los valores culturales, identidad y espiritualidad.

Esta visita permitió aprender sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios, gobernanza territorial y procesos autonómicos territoriales de las comunidades de la Costa Caribe nicaragüense.  Para entender estos procesos, es necesario recordar que en el año 1905 se suscribió el tratado Altamirano Harrison entre Nicaragua y el Reino Unido, el cual permite la titulación de las comunidades indígenas, así como la protección y conservación de sus propios recursos naturales, estableciéndose la absoluta soberanía del territorio que formó la antigua reserva Mosquita ubicada en la Costa del Atlántico. [1]

Posteriormente, se daría una ley clave durante el  gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la ley Nº28 de la autonomía de la Costa Caribe, la cual permite la creación de dos regiones: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en la que viven principalmente los Miskitos y Mayagnas, y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), en donde viven los Ramas, así como garífunas y criollos o afrocaribeños. Luego, con la ley N° 445 sobre el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, se garantiza a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de derechos de propiedad comunal, uso, administración y manejo de las tierras tradicionales, así como de sus recursos naturales mediante la demarcación y titulación de las mismas.

La pasantía nos permitió ver aprender sobre la situación de la gobernanza territorial de la Región Autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua, específicamente en las siguientes comunidades:

a.      Comunidad El Cocal de la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Caribe

Con la primera experiencia visitada se buscó conocer el modelo de gobernanza territorial de la población indígena urbana de la comunidad El Cocal ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), donde viven aproximadamente 700 familias. La comunidad está organizada en Asambleas Comunales con elecciones democráticas para elegir a las autoridades que los representan en la junta directiva[1]. Los cargos en la junta directiva son renovados cada dos años y es importante resaltar que la mayoría de las autoridades indígenas electas son representadas por mujeres comprometidas por alcanzar el bien común. La junta directiva administra un fondo que está al servicio de toda la comunidad, especialmente de los jóvenes, mujeres y ancianos, con el que se apoyan proyectos para recreación de jóvenes (ej. Plan Playa), o se contribuye económicamente con la educación de los niños y niñas, mientras más vulnerable es una familia, mayor es el apoyo que recibe. Por otro lado, se pudo observar el nivel de autonomía territorial, donde los miembros de la comunidad pueden acceder a un terreno de hasta100 mts2. En caso de que la persona no sea originaria de la comunidad, tiene  los mismos derechos que el resto después de vivir 5 años ahí, además existe únicamente un modelo de arrendamiento de tierras que debe regirse bajo las normas comunitarias.

b.    Comunidad Karatá, municipio de Puerto Cabeza

 

La comunidad indígena de Karatá está integrada por 120 familias (alrededor de 500 personas), de acuerdo al título de propiedad que poseen, cuentan con 1,271 ha para la agricultura, pesca y ganadería, y con 78 ha adicionales en donde se ubica la comunidad.

El presidente territorial indígena, el  Sr. Ronald Wittingham, comparte los conocimientos y las prácticas tradicionales para la administración de la tierra y los bienes naturales relacionados estrictamente en la gobernanza territorial.

La comunidad de Karatá tiene un proceso interesante de gobernanza territorial, a través de la autonomía del territorio, las familias tienen acceso a la tierra y son capaces de tomar sus propias decisiones sobre el manejo sostenible de los bienes naturales, de tal forma que no se agoten o para asegurar que las familias no padezcan privaciones. La participación de terceros -como las empresas privadas nacionales o internacionales- deben pasar por una consulta comunitaria para que la comunidad decida si estos pueden ingresar al territorio de Katará, en dónde sólo se les puede dar una concesión, mas no la propiedad de la tierra. La producción de los alimentos en su mayoría es para el consumo local, solo una mínima parte es para el comercio regional. Para la administración de la comunidad se aplica un impuesto del 25% orientado a cualquier actividad económica que se realice dentro del perímetro de la comunidad.

 

c.     Municipio de Waspam de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)

Se sostuvo un conversatorio con líderes del territorio indígena Wangki Twi Awala Kupia con el objetivo de conocer el trabajo de los líderes comunitarios, el proceso autonómico y los principales problemas presentes en el territorio.

Dentro de la junta directiva, el rol que desempeña el Wihta o juez es fundamental para resolver problemas sociales.  Antes de acudir al juzgado, los síndicos están encargados de cuidar los bienes naturales y las tierras comunales. El estatuto establece que para acceder a los cargos se debe ser mayores de 35 años, demostrar disciplina y ser originarios del lugar. La ley de autonomía les permite tomar sus propias decisiones dentro del territorio, pero no se consideran completamente autónomos porque ellos no deciden cómo utilizar los bienes naturales, ya que se da la intervención de terceros que provoca conflictividad dentro del territorio.

Después del conflicto armado interno, la población Yatama vendió 6 mil hectáreas de tierra a los militares colonos que se dedicaban a diferentes actividades económicas (ganado, extracción de oro y madera, etc.), siendo una violación a las leyes nacionales, ya que al tratarse de tierras comunales no pueden venderse y tampoco puede existir propiedad privada. Hasta el momento, el Estado no ha intervenido y persiste un problema en el saneamiento de los linderos que están en conflicto.

 

d.    Comunidad Kisalaya, municipio de Waspam

La visita fue preparada por la organización Wangki Tangni, presidida por Rose Cunningham Kain con apoyo de CADPI. En esta reunión, en su mayoría, participaron lideresas indígenas y promotoras comunitaria Miskitas.

Las mujeres líderes miskitas compartieron sus experiencias en la lucha para llegar al poder y a las instancias de toma de decisión, resaltando las dificultades de superar las barreras de machismo, violencia en el hogar y otras situaciones. Las mujeres también señalaron la importancia de luchar y empoderarse con la tierra para generar sus propios recursos económicos a través de la producción agrícola.

 

 


[1] El tratado Altamirano, fecha 17 de Septiembre de 16, www.lamjol.info/index.php/DERECHO/article/download/931/741

[2] Comunidad Indígena de Karatá, 17 de Septiembre de 2016, http://www.manfut.org/RAAN/karata.html

 


[1] Integrada por: síndico, vice-síndico, tesorero, fiscal, consejero, vocal y juez o wihta, este último se encarga de resolver problemas familiares y comunitarios.