Nueva serie de Informes País evidencia las situación de las mujeres rurales en América Latina

Con la nueva serie Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra ofrece una mirada a la situación de las mujeres rurales en distintos países de Latinoamérica. Presentamos datos unificados para entender sus condiciones demográficas, analizamos los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrecemos un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

Uno de los puntos más interesantes de los informes es que estos revelan las múltiples violencias que se dan en el ámbito rural. Asimismo, evidencian cómo se ocultan diversas problemáticas tras términos generales como el de “violencia institucional”, lo que impide la ubicación de soluciones o medidas correctivas. En este marco, se observa que la violencia institucional abarca distintos aspectos en los países estudiados:

  • Obstáculos materiales y culturales para el acceso a salud en Argentina (desde barreras geográficas, de tiempo y distancia hasta el limitado acceso a información o la discriminación de las mujeres que sólo hablan en lengua indígena).
  • Invisibilización social, política y económica del trabajo del cuidado en la mayoría de los países estudiados.
  • Impunidad en casos de violencia sexual en Colombia y de agentes militares en Guatemala durante el conflicto armado.
  • Afectaciones a la salud, al bienestar familiar y a la reproducción social por causa de las industrias extractivas (un aspecto que se da en los diferentes países estudiados).
  • Aumento de contratación de mano de obra femenina en la agroindustria por sus bajos costos en países como Ecuador.
  • Negación del derecho a la maternidad de las mujeres rurales trabajadoras en Guatemala.
  • Detenciones arbitrarias, intimidación y hostigamientos a defensoras en México y Guatemala.
  • Feminicidios y riesgos de trata en Perú, Argentina, Colombia y México principalmente, pero presentes en toda la región.
  • Procesos de urbanización o gentrificación que expulsan a las mujeres campesinas de sus tierras en Brasil.
  • Sistemática exclusión de las mujeres campesinas e indígenas en la asignación del derecho de propiedad de la tierra en Guatemala y México, lo que limita sus posibilidades de participación en los espacios de toma de decisión comunales.

Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:

  • Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
  • Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
  • Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
  • Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
  • Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
  • Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
  • En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Así, la garantía de los derechos de las mujeres rurales, aunque pasa por el acceso a la tierra y al crédito, debe contemplar también la superación de las miradas que homogenizan, pues estas invisibilizan diversas discriminaciones.  Tal como señala el Informe de Nicaragua,  el desconocimiento de la heterogeneidad de las mujeres que habitan el mundo rural – en tanto que no todas trabajan la tierra o en actividades agrícolas –  tiene implicaciones directas en su estabilidad económica y su acceso a derechos.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).