RD Congo

Estrategia Nacional de Involucramiento

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Country context: 

El marco jurídico que gobierna la tenencia de la tierra en la República Democrática del Congo se estableció en 1973 y solo se modificó en una ocasión, en 1980. En la actualidad, dicha ley resulta obsoleta. En efecto, la evolución del contexto nacional e internacional, especialmente en el ámbito normativo, sumados a los desafíos relacionados con la tierra, hacen que pierda buena parte de su pertinencia.

Pensada en un principio para reforzar los derechos del Estado sobre el suelo y los recursos naturales, esta ley, al menos teóricamente, reconoce los derechos de los sistemas tradicionales de gestión de la tierra. Desde ese entonces, a falta de políticas nacionales de ordenación territorial y de instrumentos de planificación territorial adecuados, se ha hecho patente el aumento descontrolado de la ocupación de los suelos por parte de algunos sectores, con actividades que consumen espacios y que por lo tanto someten la tierra a mayor presión. El solapamiento de derechos origina conflictos y socava el atractivo de las tierras, las inversiones en tierra y los derechos locales.

En dicho contexto, el Gobierno, por medio del Ministerio de Asuntos Territoriales, decidió emprender un proceso de reforma general en lo referente a la tierra, basado en la modernización de su gestión, el esclarecimiento de los derechos a la tierra, la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos y la transparencia y eficacia del sistema de información sobre tierras. En mayo de 2013, por decreto del Primer Ministro, el Gobierno estableció la Comisión nacional de reforma territorial (CONAREF), compuesta por representantes gubernamentales, la sociedad civil y las autoridades consuetudinarias. Esta comisión se encargará de aplicar la reforma.

Country strategy: 

La Estrategia Nacional de Involucramiento se formuló con el objetivo de influir en el proceso de reforma territorial en curso en el país, teniendo en consideración y/o reforzando los derechos e intereses de los estratos sociales más desfavorecidos del país. Se compone de un plan nacional de trabajo a medio plazo, con la finalidad de formular de manera participativa unas alternativas fundamentales de gestión de tierras que favorezcan a los pobres y colaborar con todos los actores que trabajan en el ámbito de la tierra a nivel nacional.

Se han establecido siete ejes estratégicos con arreglo a las prioridades fijadas por el Gobierno de cara a la reforma territorial: el esclarecimiento de los derechos locales a la tierra y aspectos intersectoriales; los temas emergentes que inciden sobre los derechos locales; la formalización y fortalecimiento de los derechos locales; la participación en los procesos de toma de decisiones en lo relativo a la tierra; los derechos locales y la distribución de los beneficios procedentes de proyectos de inversión en tierra a gran escala; los derechos locales, privaciones o restricciones y compensaciones, y los derechos locales y la gestión de conflictos sobre la tierra.

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