Discurso de Carlos Mesa Gisbert,
Presidente de Bolivia

Señor Presidente del FIDA, señores directores de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, señor director del AECI en Bolivia, señoras y señores que forman parte de este encuentro, tanto del mundo como de Bolivia.

Celebro que hayan decidido que este encuentro internacional se haga por primera vez fuera de Roma, donde han estado llevando a cabo su trabajo como oficina central de esta Coalición, y particularmente grato el que sea la bella ciudad de Santa Cruz de la Sierra la sede de este encuentro internacional en Bolivia. Porque creo que hoy más que nunca Santa Cruz representa el eje de lo que es el problema de la tierra y probablemente deberá representar el eje de lo que será la solución a los problemas de la tierra en nuestro país.

Este encuentro internacional me permite reflexionar a propósito de una realidad que a veces se nos va de las manos, lo cual es inaceptable en nuestro país. El hecho de que Bolivia es un país de extrema pobreza; es un país que enfrenta las cuestiones más graves que cualquier sociedad tiene que afrontar vinculadas precisamente a temas esenciales que tienen que ver con la salud, con el analfabetismo, con el acceso a la tierra, al agua potable, a los servicios básicos.

No podemos, en Bolivia, hacer un debate sobre ninguna cuestión sin tener como punto de referencia fundamental el que somos una sociedad pobre, profundamente injusta en la que la discriminación es una norma y no una excepción. Si no entendemos ese escenario para discutir, debatir y resolver nuestros problemas no entenderemos nada y no lograremos encontrar verdaderas soluciones estructurales a esos problemas.

Por eso creo que la elección de este encuentro internacional es adecuada. No solamente por el hecho de tratarse de un país fuera de Europa sino porque estamos hablando de un país pobre que hoy encara la cuestión de la tierra si no como su problema mas importante, como un problema fundamental.

El tema del acceso a la tierra se ha convertido para los países en desarrollo en una cuestión crucial. La capacidad que tengamos de crear mecanismos para un acceso justo y equitativo a la tierra marcará las posibilidades que tengamos hacia el futuro y no podremos resolver la esencia de nuestras dificultades si la cuestión de la tierra no ha sido resuelta.

No deja de ser una paradoja que Bolivia esté en un trance como este. Porque pocos países han hecho esfuerzos tan grandes, tan importantes y tan profundos para resolver la cuestión, no desde ayer sino desde hace varias décadas.

La reforma agraria emprendida en Bolivia en 1953 fue uno de los procesos más importantes que se vivieron en América Latina y fue una experiencia que permitió al país dar un salto cualitativo gigantesco. Una sociedad semiesclavista en pleno siglo XX que da un salto hacia la modernidad, que permite el acceso a la tierra -que en realidad es la devolución de un derecho arrebatado en el pasado- y que establece una posibilidad de integrar en la economía a la gran mayoría del país.

No hay que perder de vista que una gran mayoría de los bolivianos y bolivianas son indígenas. Más allá de la consideración -que puede ser debatible- de cómo encaró el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 la autoidentificación sobre la procedencia o la identidad con algún pueblo indígena en particular, el 62% de los bolivianos consideran pertenecer a algún pueblo indígena. Y esto tiene una significación extraordinaria. Esa reforma agraria que permite el acceso a al tierra o le devuelve el derecho a la tierra a quien había sido arrebatado a lo largo del tiempo no resolvió con el paso de los años la esencia de nuestros conflictos. Porque se planteó un proceso de reforma agraria fundamentalmente en el área del occidente de Bolivia. Y porque, por diversas razones que no vienen al caso ahora, no logró los resultados esperados, sobre todo en desarrollo humano, en las condiciones de vida del área rural del país, particularmente en la zona del altiplano y de los valles.

Simultáneamente, el proceso político de la revolución de 1952 estableció una lógica de colonización de sectores muy importantes desde el altiplano boliviano para el reasentamiento de grupos humanos en las áreas del oriente. Este proceso de colonización generó una muy significativa presencia Quechua y Aymara en las tierras bajas, complementado al proyecto de tierras bajas cuya iniciativa fue del Banco Mundial y otros organismos internacionales a mediados de la década de los años 60, y que permitió un proceso de visión de la creación de un sistema agroindustrial productivo en esta región del país.

El camino de esos dos procesos, el de la colonización con asentamientos humanos de grupos de mucha pobreza y que estaban siendo expulsados por diferentes razones económicas y sociales del área del altiplano y los valles, más el crecimiento o el diseño del crecimiento de una política de creación agroindustrial estuvo, digamos, que cruzada por un mecanismo arbitrario y frecuentemente vinculado más bien a cuestiones de administración de poder y de redistribución de poder, en función de favores políticos con distribución de tierras que es bastante debatible en la década de los 60, 70 y 80.

El proceso de dictaduras militares que vivió Bolivia permitió un manejo atrabiliario del sistema de distribución de tierras que terminó con la intervención del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) al comienzo de la década de los años 90. Esa intervención dio lugar a un importantísimo debate sobre la cuestión de la tierra, sobre los elementos positivos y negativos de la reforma agraria, y sobre cómo debía encararse el proceso del acceso a la tierra y distribución de la tierra y la participación estatal en ello, con una realidad fundamental que fue el girar de una visión puramente vinculada al mundo Quechua y Aymara hacia la inserción y el reconocimiento de los pueblos indígenas del oriente, los llanos, del norte y sur del país.

La marcha indígena de 1990 creó una nueva conciencia sobre el proceso de integración, de reconocimiento de los pueblos indígenas, que siendo minoritarios en cuanto a la distribución poblacional, tenían y tienen una significación cultural, social y política muy significativa. Ese proceso culminó con la aprobación de la nueva ley de reforma agraria, o la llamada ley INRA, con un conjunto de avances muy significativos en lo que se refiere al reconocimiento de la propiedad comunitaria, de lo que hoy conocemos como las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y una estructura mucho más integral en función de un país que desde 1952 hasta hoy había vivido un proceso de integración y de articulación entre occidente y oriente que en la década de los años 50 no se había vivido.

El punto crucial es que ese proceso, la ley INRA, dio lugar a un conjunto de presiones sobre la responsabilidad de la gran propiedad, a la vez que de demandas legitimas de la gran propiedad para el reconocimiento de su aporte y de su impacto en el desarrollo económico del país. Un país que ha girado en su productividad y en su nivel de exportaciones de la minería y los hidrocarburos a la soja y derivados, a productos agroindustriales, a todo el proceso de oleaginosas, tiene hoy una realidad distinta desde el punto de vista de su importancia estratégica. Me refiero a la agroindustria, así como lo que representa la presión política y económica de un sector productivo tan importante en este debate.

Paralelamente, y progresivamente, sobre el final de los años 90, Bolivia vivió el nacimiento de movimientos sin tierra , al estilo de los movimientos en Brasil, que tuvieron en Panantí sobre el final de la década de los 90, al sur de Bolivia, un primer ejemplo de confrontación violenta, con un saldo fatal que todavía hoy no está esclarecido. Al estallar el conflicto por la tierra de esa manera -de una manera violenta- en un país que ha trabajado una profunda reforma agraria, que ha intentado una política de colonización de nuevos asentamientos, que ha intentado trabajar una estrategia de desarrollo agroindustrial y que, finalmente, ha conseguido una ley modernizadora de la ley original de la reforma agraria -intentando un equilibrio en lo que se refiere a los derechos de los menos favorecidos así como las posibilidades de consolidación de procesos legítimos de desarrollo industrial productivo, agroindustrial productivo- encuentra a pesar de esos esfuerzos estas paradojas y estos momentos tan difíciles.

Uno de los temas más complejos que tiene que enfrentar nuestro gobierno es precisamente el de la tierra, el de grupos radicalizados de campesinos o de sectores indígenas que creen que deben tener un acceso inmediato a la tierra y que, de hecho, están interviniendo en tierras productivas, frente a propietarios que tienen tierras productivas, que están en el ámbito agroindustrial, y que le exigen al gobierno el reconocimiento de la seguridad jurídica, el derecho sobre la tierra y la garantía de que los aparatos productivos puedan llevarse adelante sin este tipo de acciones. ¿Cómo compatibilizar posiciones que a veces están en dos puntos extremos, que no consideran el gran espectro de grises que hay entre un punto y el otro en el que podemos encontrar elementos de acuerdo?

Mientras unos están planteando posiciones ultrarradicales y escogiendo sistemáticamente tierras productivas y no necesariamente buscando el acceso legitimo a la tierra para los más pobres, otros que frecuentemente han tenido una otorgación ilegitima y espuria de su tierra -y que hoy la tiene productiva- reclaman de manera tajante y si es necesario violenta el que el Estado boliviano intervenga.

Frente a una política que, con la experiencia de la violencia que ha vivido Bolivia en los últimos años debe ser respondida a través de una lógica de la paz, la construcción de un escenario de paz y de una solución de conflictos y problemas a través del dialogo de la negociación -por muy difícil y dura que sea- es el más grande esfuerzo que está desarrollando nuestro gobierno, enfrentándose a dos posturas radicales que intencionalmente nos colocan en puntos imposibles, para resolver las cosas por la vía de la violencia. A pesar de ello, voy a hacer el máximo de los esfuerzos y nuestro gobierno lo hará permanentemente para que esa solución de controversias y de conflictos se logre a través del dialogo y la negociación.

Pero esta claro que estos conflictos no son sino la expresión evidente de que hay que buscar soluciones estructurales. Y hay que buscar soluciones estructurales sin perder de vista el primer punto al que hice referencia: un país que vive en la extrema pobreza, en la exclusión, en la injusticia y aún en visiones racistas, a veces por los dos lados, no debe perder de vista cuando encuentre esas respuestas que lo primero que tiene que lograr es precisamente el resolver esas injusticias, esas exclusiones y esa legítima demanda de los más pobres, en una nación que tiene una gran extensión pero compleja.

Un país de casi un millón cien mil kilómetros cuadrados que pareciera que puede otorgarle tierra sin límites a todos; cuando uno hace una evaluación de lo que significa el porcentaje de tierra desértica o en proceso de desertificación; la vocación mayoritariamente forestal del territorio de tierras bajas; la poca vocación agrícola que tienen grandes zonas del territorio; el peligro de una nueva extensión de la frontera agrícola en función de un empobrecimiento demasiado acelerado de la tierra y la inexistencia de una política de renovación o rotación adecuada; los mecanismos cada vez más complejos de cómo entramos a hacer productiva una tierra frente a la realidad del chaqueo masivo y las opciones alternativas que este pueda tener; la presión cada vez mayor de migración del occidente al oriente con expectativas que a veces están superando las posibilidades de recepción de las tierras que hoy son receptoras de capital humano. Son algunos de los muchísimos problemas que tenemos que encarar dentro de ese contexto.

No debemos trabajar sobre la lógica en una falsa dinámica de dilemas a veces artificiales que aquí hay que escoger entre producción agroindustrial que garantiza la seguridad alimentaria frente a parcelación de la tierra o a entrega parcelada de la tierra. Yo creo que es un falso dilema y coincido en ese contexto con los documentos que la Coalición ha publicado.

Creo que es perfectamente posible lograr que el pequeño y el mediano productor, sean, como de hecho lo han sido en la historia de nuestro país, eficientes, sobre todo en el abastecimiento alimentario. Si bien es verdad que la agroindustria genera muy importantes excedentes que nos permiten niveles de exportación significativos, ingresos cruciales para el país, no es menos cierto que el pequeño y el mediano productor pueden convertirse nuevamente en los soportes reales de la recuperación de la autonomía alimentaria que Bolivia ha perdido de manera increíble. Es perfectamente posible compatibilizar una cosa con la otra. Es perfectamente posible entender que hay necesidad de un escenario de producción agroindustrial con garantías desde el Estado y con seguridad jurídica con la necesidad cada vez más imperiosa de un acceso democrático a la tierra del pequeño productor, que tiene la perspectiva de integrarse -como, de hecho, lo ha hecho- en la cadena agroindustrial productiva de los granos como en la productividad de alimentos para el consumo interno del país.

El problema es lo suficientemente profundo y complejo como para que seamos capaces de enfrentarlo con serenidad pero con respuestas claras. Hay cierto tipo de cuestiones que tienen que resolverse en el más corto plazo en el país. Y dependerá de la buena voluntad de las partes. No parece ser este el mejor escenario el que hoy vivimos, con demasiada tensión, demasiada animadversión, demasiados prejuicios y demasiada emocionalidad.

Tenemos que bajar el ingrediente y el tono de esas actitudes y lograr hacer comprender a los bolivianos, particularmente en una región tan importante tan extraordinariamente estratégica para Bolivia como el Departamento de Santa Cruz que es posible, necesario e indispensable compatibilizar la convivencia entre la gran producción, los grandes espacios de terreno dedicados a la agroindustria con la pequeña y mediana producción y es indispensable que entendamos que las visiones ultrarradicales están intencionadamente tratando de llevar al país a una confrontación imposible.

Tenemos que romper el espinazo a esas posiciones radicales para encontrar un escenario de diálogo en el que inevitablemente las partes tendrán que ceder, que comprender que no se puede tener todo y que es necesaria una mínima racionalización. Muchos de los elementos no cumplidos de la ley INRA tienen que ver, precisamente, con presiones desde el poder para no atender a lo que era elemental en cuanto a lo que tiene que pagarse por una tierra improductiva, en cuanto a la responsabilidad que tiene que tenerse en función precisamente de la función económica y social de la tierra y a la adecuada interpretación que eso implica.

Pero aquí están ustedes reunidos para hablar del acceso a la tierra para los más pobres, para los desposeídos y Bolivia es un ejemplo de ello. Y a pesar de los gigantescos avances, el camino que nos queda por seguir es muy grande. Y estoy absolutamente seguro de que ustedes podrán contribuir a esta reflexión. Podrán contribuir con las respuestas y experiencias de otras naciones.

Uno de los defectos que hemos tenido frecuentemente es la tendencia a mirarnos permanentemente el ombligo, a suponer que nuestros problemas son únicos e irrepetibles y que estamos inventando la pólvora o descubriendo el agua tibia cada vez que enfrentamos una circunstancia específica. Podemos aprender muchísimo de las experiencias de otras naciones de América Latina, de África, de Asia. Experiencias que han tenido que caminar por caminos muy parecidos a los nuestros porque, finalmente, la resolución de la pobreza y los problemas y dificultades que la pobreza tiene inherentes son iguales aquí y en cualquier parte del mundo y, finalmente, los intereses de los poderosos se parecen mucho en cualquier parte del planeta.

Como Presidente de Bolivia sé que estoy en la obligación de responder a ambos desafíos: a una sociedad que quiere modernización, alta productividad, desarrollo agroindustrial seguro y nuevos horizontes de integración en un mundo globalizado, y como Presidente tengo que responder a la demanda de los más pobres, marginados y excluidos permanentemente, a los que el Estado no ha sido capaz de darles las respuestas adecuadas.

El mundo rural boliviano sigue siendo una suerte de infierno en gran parte de nuestro territorio. El mundo rural boliviano no es otra cosa que expulsor de capital humano hacia las grandes ciudades empobrecidas porque dada la característica compleja de nuestro territorio no hemos sido capaces de ir con agua potable, saneamiento básico y electrificación en el ritmo que es necesario. O riego por ejemplo. Y esos son desafíos de los que estamos todavía muy lejos. Y nuestro niveles de inversión no son lo suficientemente altos, quizás en parte porque a pesar de nuestro discurso permanente no hemos sido capaces de girar nuestro objetivo realmente hacia el área rural. La presión del crecimiento demográfico urbano es tan gigantesca en Bolivia como en casi todas las naciones en desarrollo en los últimos 25 años. A veces la palabra y el deseo de ir hacia el mundo rural se enfrenta ante las grandes demandas que tiene el mundo urbano. Aquí el secreto, y en Bolivia creo que es fácil de responder, es como tenemos que hacerlo. Hay que encontrar los mecanismos. Se llama el mundo municipal.

Si somos capaces de entender el municipio como un espacio integrado, como la territorialización del mundo urbano y rural. Si somos capaces de ver que el municipio es el instrumento, el brazo y el mecanismo a través del cual debemos hacer inversión productiva, probablemente lograremos el concepto de acceso a la tierra, de manejo de la tierra y de manejo de los elementos fundamentales de la pobreza rural, porque es allí, es a través del municipio territorializado que encontramos ya el instrumento jurídico, la institución y el mecanismo potencial desde el punto de vista económico, social y por supuesto también político, para encontrar los caminos de respuesta al tema del acceso a la tierra y todo lo que ello conlleva.

Quiero terminar recordando que como en las principales partes del mundo, el concepto de la tierra es algo más que simplemente económico, ya lo han dicho ustedes; es un concepto que integra un tema espiritual, una concepción de vida, una forma de entender el mundo. La pachamama en el caso del occidente boliviano, la Madre Tierra a la que nos debemos todos, de la que hemos nacido y a la que volveremos y en la esperanza de que en el camino hayamos tenido acceso a esa Madre Tierra a la que todos tenemos derecho. Muchas gracias.