Creando empleo productivo y trabajo decente para los pobladores rurales:
¿Qué papel pueden desempeñar derechos seguros a la tierra?

ECOSOC 2005 SEGMENTO DE ALTO NIVEL
Mesa Redonda Desayuno Ministerial - Documento Temático
Ginebra, 5 de julio de 2006

Las tres cuartas partes de los pobres del mundo, casi 900 millones de personas, viven en áreas rurales donde la agricultura y las actividades basadas en recursos naturales representan la base para el trabajo y los medios de vida. Es una paradoja que quienes viven más cerca de la tierra, los pequeños productores, los trabajadores agrícolas asalariados y los productores independientes, se encuentran entre los más vulnerables en cuanto a la inseguridad alimentaria y la pobreza.

La expansión de las oportunidades para obtener un trabajo decente es vital para reducir el hambre y la pobreza rurales. Como punto de partida, las políticas que rigen la tenencia de la tierra y los recursos naturales, incluyendo la distribución y la seguridad de los derechos, están directamente ligadas con el logro de ganancias en la productividad y el ingreso. Estas ganancias pueden tener un efecto multiplicador mayor en las oportunidades de empleo, incluyendo en el sector no agrícola.

La carencia de tierra limita las oportunidades en finca, aumentando de manera efectiva el desempleo, a la vez que deja pocas opciones a los pobres que no sean las de cultivar en tierras marginales. Una distribución más equitativa puede aumentar la sostenibilidad ambiental, a la vez que disminuye las tensiones que pueden llevar a conflictos. Más aún, un acceso seguro a la tierra es un incentivo para los usuarios, especialmente para los pobres, para incrementar sus inversiones en la tierra, mejorando de esta manera la productividad en el largo plazo.

El acceso seguro a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para generar crecimiento y mejorar las oportunidades de trabajo. Los productores en pequeña escala necesitan un acceso justo a los insumos, información de mercado, y precios justos para sus productos. Esto requiere de infraestructura, servicios de extensión, tecnología, créditos y servicios relacionados en apoyo al empleo en finca y fuera de la finca.

En la agricultura de los pequeños propietarios, a menudo la productividad está limitada por asimetrías en la información, la falta de acceso a servicios clave o poco poder de negociación entre los hogares pobres. En Filipinas, el Centro para Reforma Agraria Desarrollo Rural ha trabajado con productores de azúcar en pequeña escala que han recibido tierras a través del programa nacional de reforma agraria. Al trabajar juntos para comprar sus insumos y comercializar sus productos, los ingresos de los hogares crecieron por arriba de la línea de pobreza nacional. Si bien estas son ganancias significativas, los hogares de productores pobres permanecen limitados por la falta de acceso a la educación, la información, (p. ej., sobre los precios reales del mercado para el azúcar sin refinar) y la tecnología, limitando su habilidad para generar ingresos en otras fases más lucrativas de la cadena de valor en la industria azucarera, tales como la molienda, el refinamiento, la comercialización y el mercadeo.

Donde la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada, los hombres y mujeres sin tierra a menudo tienen que recurrir a las labores agrícolas asalariadas, donde las condiciones de trabajo limitan con frecuencia su habilidad para escapar de la pobreza - la naturaleza temporal de gran parte del trabajo agrícola, la naturaleza informal de los contratos o acuerdos con empleadores, y la falta de cumplimiento con los salarios mínimos o las garantías de servicios sociales. Si la organización de los trabajadores agrícolas es prohibida o reprimida, ya sea por parte de los empleadores o por el estado, estos retos se magnifican y se limitan las oportunidades para satisfacer las necesidades básicas del hogar a través del trabajo agrícola. En muchos países la modernización del sector rural está generando métodos de producción del siglo 21, pero manteniendo relaciones de trabajo del siglo 19.

En el año 2005, el Comité de Desarrollo Campesino - CODECA trabajó con trabajadores agrícolas guatemaltecos procedentes de 149 plantaciones para evaluar sus condiciones de empleo. Solamente el cinco por ciento de los trabajadores posee un contrato estable con un salario mensual garantizado, mientras que el 75 por ciento está relegado a buscar trabajo ya sea por día o por semana. El salario de más del 90 por ciento de los trabajadores agrícolas se encuentra por debajo del salario mínimo establecido por ley. Estos trabajadores agrícolas carecen de protecciones legales: el 71 por ciento no poseía un contrato escrito para documentar lazos formales con sus empleadores y más de la mitad no reciben beneficios de seguridad social, ya que los empleadores no los reportan como trabajadores. Estos hallazgos ilustran los riesgos que enfrentan los trabajadores agrícolas cuando la falta de tierra se combina con limitaciones en los derechos de los trabajadores rurales para organizarse.

En muchas áreas rurales virtualmente no existen oportunidades de empleo para mujeres fuera de la agricultura, en particular donde las mujeres tienen menos acceso a activos y educación o en donde su movilidad social es limitada. Es mucho menos probable que las mujeres obtengan empleo en muchos sectores con base en los recursos naturales, como la tala de madera o la minería, incluso aunque la expansión de estas actividades limite el acceso a los recursos naturales, la base del trabajo diario de muchas mujeres rurales. Al mismo tiempo, las mujeres están desempeñando un papel más importante en la agricultura y se están convirtiendo en la garantía principal de la seguridad alimentaria, en la medida que los hombres emigran de manera creciente hacia las áreas urbanas. No obstante estas responsabilidades, las mujeres a menudo carecen de seguridad en los derechos a la tierra y acceso a los insumos para la producción.

Aunque los acuerdos internacionales tales como la Convención 169 de la OIT establecen los derechos de los pueblos indígenas a las tierras ancestrales, estos derechos no son reconocidos de forma consistente, lo que significa que el trabajo de las comunidades indígenas de cultivar la tierra y manejar los recursos naturales no es reconocido. Donde estas tierras son dadas más bien como concesiones de inversión, los beneficios - incluyendo las oportunidades de empleo - raramente son disfrutados por los residentes locales.

La acción colectiva ayuda a los hogares rurales a incrementar las oportunidades de obtener un trabajo decente y un empleo productivo, y a traducir estas oportunidades en una mejora de las condiciones de vida. Las actividades de grupo pueden apoyar mejoras en la calidad y cantidad de la producción rural y ayudar a los hogares rurales a crear fortalezas colectivas para acceder a los mercados desde mejores posiciones de apalancamiento. En escenarios de propiedad colectiva, la acción colectiva también puede ser una forma efectiva de manejar recursos naturales dado que puede equilibrar el trabajo productivo con compromisos compartidos para prácticas ambientalmente sostenibles.

La necesidad de crear trabajo y empleo rurales va más allá de los sectores agrícolas y basados en los recursos naturales, y requiere la atención a los crecientes vínculos entre las áreas rurales, urbanas y peri-urbanas. Sin embargo, a fin de que se dé la expansión en los sectores no basados en la agricultura o en los recursos, simultáneamente debe prestarse atención a (a) la distribución y seguridad de los derechos a la tierra y los recursos, (b) el acceso a servicios de apoyo clave, incluyendo a través del estado o de la sociedad cuando no pueden costearse a través del mercado, y (c) la habilidad de los habitantes rurales para organizarse a sí mismos para participar en las esferas de la vida pública, incluyendo participación en los mercados y la negociación con los empleadores, desde una posición de fortaleza. La inversión en estas tres áreas podría sentar las bases no sólo para la expansión del trabajo decente y el empleo productivo en áreas rurales, pero para que los sectores rurales actúen como motores del crecimiento nacional sostenible y equitativo.