La ENI ha impulsado importantes procesos de incidencia, contribuyendo también a la derogación del Decreto Legislativo 1333 que vulneraba los derechos de poblaciones campesinas e indígenas.

Tuvo un importante rol en la modificatoria del artículo 19 de la Ley General de Comunidades Campesinas para fortalecer la participación de las mujeres en las directivas comunales. También se ha logrado la modificación de estatutos de decenas de comunidades para que 900 mujeres sean consideradas comuneras calificadas, contribuyendo a que estas gocen de los mismos derechos que los hombres en lo que se refiere a la gestión y toma de decisiones comunales.

Se contribuyó a la aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos.

La ENI apoya su trabajo en la información que recoge vía los Sistemas de Información de Comunidades Campesinas (SICCAM) y de Comunidades Nativas (SICNA), herramientas reconocidas y utilizadas por distintos actores, incluyendo el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de Cultura.

La crisis política vivida en 2019 paralizó en gran medida el avance en los sectores vinculados a la cuestión de la tierra, entre muchos otros. Los avances en torno a la inseguridad sobre la tierra de las comunidades y pueblos indígenas han sido limitados y la conflictividad en las zonas rurales debido por la presencia de grandes proyectos sigue latente.

Si bien no se han dado cambios en el modelo económico extractivista que predomina, existen oportunidades en materia de políticas, como la aprobación del Plan Nacional de Agricultura Familiar y la voluntad expresa del Estado peruano de insertarse en el proceso relacionado al Decenio de la Agricultura Familiar de las NN.UU. De otro lado, la aprobación del Protocolo para la protección de defensores y defensoras de DD.HH. por parte del Ministerio de Justicia permitirá avanzar en la defensa de las personas que defienden la tierra y el medio ambiente.