Controversia N°202 - Territorialidades

La discusión sobre el acceso a tierras y el desarrollo rural ha tomado un nuevo impulso en nuestro país, como quizá no se tenía desde los años setenta, posterior a la expedición de las leyes 135 de 1961 y 1ª de 1968 y la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc. La publicación en 2011 del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, Colombia Rural, razones para la esperanza, el inicio de la política de reparación integral a víctimas en el mismo año y más recientemente la importante movilización campesina y los diálogos de paz con los acuerdos parciales sobre la Reforma Rural Integral (punto 1 de la negociación) han llevado al país a un debate, no exento de dificultades, sobre el uso de las tierras, el acceso a ella por parte de pobladores rurales pobres y la implementación de mecanismos de participación a nivel local y regional sobre el desarrollo territorial. El escenario no podría ser mejor para el debate sobre los problemas del mundo rural diagnosticados en tantas ocasiones, sobrediagnosticados otras y mal diagnosticados tantas veces. El diálogo democrático deberá entonces encontrar espacios para tramitar los conflictos sobre la tierra, algunos difíciles de gestionar por la contraposición de modelos y apuestas territoriales entre los actores presentes históricamente y nuevos. En esta edición especial de Controversia dedicada a las “territorialidades”, se entrecruzan diversos asuntos que la política pública deberá tener en cuenta en un escenario de post-conflicto: identidad campesina, indígena y afrodescendiente, organización y movilización social del mundo rural, gestión colectiva de la tierra y conflictos socio-ambientales, entre otros. El artículo de Flor Edilma Osorio Pérez y Juan Guillermo Ferro Medina, Realidades y desafíos para el ejercicio de la autonomía campesina. Reflexiones alrededor de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia introduce la discusión sobre la identidad campesina para comprender los reclamos de autonomía territorial. En este caso, a partir de experiencias de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), los autores convocan a un debate sobre los desafíos que tienen las experiencias autonómicas de ordenamiento del territorio respecto al acceso, uso y destinación de la tierra, pero también sobre la forma en la que estos modelos pueden convertirse en escenarios de resistencia contra-hegemónica y en espacios de resolución de los diversos conflictos entre comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Sergio Andrés Coronado Delgado, en su contribución Territorialidades campesinas y derechos ambientales: oportunidades para su armonización, aporta elementos para considerar la compatibilidad de la garantía del derecho a la tierra y al territorio de la población campesina y la protección ambiental, hecho que la normatividad colombiana ha negado por medio de procesos sociojurídicos marcadamente anticampesinos. Para el autor, la gestión de los recursos de uso común, en función de una gobernanza adecuada de la tierra, debe implicar la transformación de las instituciones que no reconocen los derechos de las comunidades y el establecimiento de escenarios de participación democráticos. La base para ello, como primera medida, es el reconocimiento normativo, político y social de los derechos territoriales de las comunidades locales, los derechos ambientales de los ciudadanos y los valores intrínsecos de la naturaleza. El artículo Disputas territoriales y conflictos socio-ambientales: lucha y solidaridad en torno al territorio y los recursos naturales de María Johana Cadavid Mesa centra su análisis en la organización campesina del Sumapaz y la forma en que sus reivindicaciones y propuestas territoriales se han ido transformando mediadas por los diferentes conflictos por el acceso y uso de la tierra y por el reconocimiento de la autonomía campesina. Después de décadas el campesinado del Sumapaz se enfrenta a la falta de reconocimiento de sus derechos, el extractivismo y a estrategias de consolidación militar. Sin embargo, el centro del problema y quizá su solución es el reconocimiento del campesinado como sujeto político, un campesinado que, como afirma un líder sumapaceño entrevistado por la autora, “es más que gente humilde de ruana y sombrero: somos gente que sabe y piensa lo que es”. De esta forma, sin el reconocimiento de sus derechos, propuestas y su autonomía territorial los conflictos persistirán. Diana Marcela Moreno Guerra, en su artículo Procesos organizativos locales y regionales e institucionalidad: elementos a tener en cuenta en los acuerdos de paz, realiza un análisis sobre la conformación y desarrollo de los procesos organizativos sociales en Colombia como sujetos sociales y políticos diversos que se inscriben en procesos territoriales más amplios determinados por la forma en que se integran económicamente, el desarrollo del conflicto armado y el nivel de jerarquización social; la manera en que se apropian de los discursos de reconocimiento e integración que se generan desde el nivel central –para el caso del artículo la diversidad étnica y ambiental, y los derechos de las víctimas- y establecen pautas de negociación; y las tensiones producto de la interacción entre los poderes locales, regionales y nacionales. En función de la nueva institucionalidad y la reconfiguración territorial que podría resultar de los diálogos de paz, la autora propugna por la flexibilidad de las políticas públicas –a partir de un recorrido por el régimen administrativo municipal- para darle sentido a la participación comunitaria particularmente en el plano local, políticas que deben considerar la diversidad sociodemográfica, socioeconómica y de relacionamiento de los pobladores con los distintos actores armados e institucionales durante su proceso de poblamiento. El artículo Transformaciones territoriales en el sur de La Guajira: impactos del proceso de acaparamiento territorial de la industria del carbón sobre las comunidades rurales de Zohanny Arboleda Mutis, muestra las transformaciones territoriales producto de la minería del Carbón en esta zona del país. En este caso –ante la presencia del gran capital que irrumpe en la región, acompañado y promovido por el Estado- las territorialidades y la autonomía indígenas y afrodescendientes se ven transformadas, limitadas y anuladas frente a un actor omnipresente que regula social y políticamente todo el territorio. Las comunidades entonces enmarcan su devenir organizativo entre el diálogo, la negociación y la resistencia frente a la compañía minera con un agravante: el proceso extractivo avanza con ellos o sin ellos. La ausencia de mecanismos, o la falta de efectividad de ellos como la consulta previa, que les permitan a las comunidades garantizar su derecho a la tierra y al territorio y sus derechos sociales básicos los ha llevado a plantear alternativas como las consultas autónomas, ejercicio político admirable en dicho contexto. Finalmente, Juan Sebastian Anaya Aldana y Viviana González Moreno en Los páramos y las territorialidades allí presentes: una mirada desde la justicia hídrica, destacan las asimetrías en el uso del agua que refleja a su vez una desigualdad de poderes y posturas frente a la naturaleza. De esta forma, a partir del acercamiento a dos conflictos socioambientales en el Departamento de Boyacá en buena medida generados por el extractivismo, se muestra la movilización social en torno a la protección de los páramos pero más allá la profunda desarticulación en la gestión y regulación ambiental entre el gobierno central y los gobiernos locales, la carencia de una reglamentación consistente e interinstitucional sobre los ecosistemas –para el caso los páramos, fuente primordial de agua-, y la limitada participación de las comunidades en las definiciones sobre su territorio. Los autores concluyen que, ante la presencia de tantos actores interesados, su gestión y protección exige una cuidadoso diseño institucional que los involucre a todos: usuarios, comunidades, autoridades públicas, dueños de los predios, aquellos que derivan su sustento del páramo, industrias, empresas de agua, población de los centros urbanos y los diferentes niveles gubernamentales La reflexión central que podemos extraer del conjunto de artículos que entregamos a lectores y lectoras de la revista es que la superación de los problemas de lo rural en nuestro país debe empezar por el reconocimiento de la autonomía de las organizaciones y comunidades rurales y de la validez de sus propuestas territoriales en escenarios de diálogo, negociación y construcción de políticas. Su desconocimiento y subvaloración llevará a que se profundicen los conflictos. Esta edición de la revista Controversia se realiza en asocio con la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia. Iniciativa de la sociedad civil a favor de la ampliación de la capacidad y representación política del campesinado y la construcción de una Gobernanza Inclusiva y Responsable de la Tierra, coordinada por el Cinep/Programa por la Paz y apoyada desde la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra, ILC. Javier Lautaro Medina Bernal Editor especial del Número – 202 Revista Controversia Bogotá, Julio de 2014