Observatorio Venezolano de Tierras, Ambiente y Pobreza Rural

Boletín N° 12 – diciembre de 2015

La instalación de una nueva Asamblea Nacional conformada mayoritariamente por factores más comprometidos con las prácticas democráticas de respeto a la institucionalidad, de tolerancia política y participación ciudadana, abre las puertas para que la sociedad civil organizada haga llegar al seno del Poder legislativo, sus opiniones y propuestas sobre la estructura legal que rige al país.

Desde hace algún tiempo varias organizaciones sociales y económicas del sector rural y alimentario, han venido trabajando en la elaboración de sus respectivos planteamientos, tanto para la modificación y/o derogación de leyes vigentes como para la redacción de nuevos textos legales. No obstante, es importante tener muy presente que el marco jurídico del país debe estar en función de los intereses globales de la sociedad y no de intereses parciales de segmentos o categorías de ciudadanos, por muy importantes que ellos sean, especialmente si de la aplicación de esas normas se derivan perjuicios para el resto de los componentes sociales. En este sentido, se hace impostergable la obligatoriedad de concertar y consensuar la elaboración de una normativa legal que apuntale el diseño e implantación de un modelo de desarrollo agro-rural y alimentario soportado en criterios de eficiencia económica, de justicia social, de sostenibilidad ambiental y del uso de tecnologías apropiadas.

Author: 
Acción Campesina
Year: 
2015