Se han facilitado mejoras en la gestión interna de la tierra gracias al trabajo con organizaciones campesinas y autoridades municipales y departamentales para la aprobación de estatutos comunales, involucrando a más de 1300 familias.

Se ha contribuido a que 1800 familias en 12 comunidades campesinas sean incluidas en el proceso de saneamiento que lleva a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Bolivia tiene una población mayoritariamente indígena, en donde 23 millones de hectáreas se encuentran tituladas como territorios de propiedad colectiva (TCO) y cuyas unidades agrícolas –cerca de 700.000–, están compuestas en casi 90% por pequeños productores indígenas y campesinos. Confirmar que las cifras son actuales

El país ha experimentado uno de los procesos de reforma agraria más intensos en la región desde hace décadas. A pesar de los avances en materia legal y el hecho de que su Constitución Política establece amplios derechos agrarios, muchas políticas agroambientales no se cumplen o están siendo distorsionadas para viabilizar proyectos extractivistas, lo que está generado una serie de conflictos.

Si bien se cuenta con importantes avances en titulación de tierras, el problema agrario persiste y se ha complejizado. Esto se observa en la persistencia del latifundio y en las nuevas dinámicas de presiones sobre la tierra –impuestas por el agronegocio, industrias extractivas, entre otros– que impactan seriamente en la vida de campesinos e indígenas. La situación se vuelve particularmente compleja debido a la crisis socio política que estalló en 2019.