Se ha presentado al Congreso una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo económico de las mujeres rurales (Ley DEM) en coordinación con diversas organizaciones de mujeres para que estas puedan acceder a fondos y créditos sociales.

Se cuenta con una matriz de conflictividad agraria, herramienta para impulsar el seguimiento y resolución de casos ante instituciones clave como el Ministerio Público.También se ha llevado a cabo procesos de capacitación y acompañamiento de líderes comunitarios.

Se logró establecer importantes espacios de diálogo y vínculos con el gobierno, incluyendo un convenio con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) para promover la política agraria y la resolución conflictos en el campo.

La desigualdad en la distribución de la tierra, aspecto central en el conflicto armado que duró más de 35 años, sigue siendo un problema crítico: es el segundo país con la peor distribución en la región. En los últimos años se han dado profundas transformaciones en el ámbito rural por el impulso de industrias extractivas y energéticas, la expansión de monocultivos (como la palma africana), entre otros, que generan concentración de la tierra y afectaciones al medio ambiente.

Como consecuencia, se registran más de miles conflictos y graves vulneraciones a los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas, mayoritaria e históricamente excluida, incluyendo la criminalización y la violencia contra defensores de la tierra -en 2018 el país fue considerado el más letal para estos. A ello se añade la difícil situación de instituciones clave en materia de derechos humanos como la CICIG que en 2018 padeció la expulsión de sus funcionarios por el gobierno. El escenario para el sector campesino e indígena es sombrío con la llegada al poder de Alejandro Giammattei en 2020, en tanto que su plan no incluye el abordaje de la conflictividad y el desarrollo rural.