Miembros de la ogiek en el bosque Mau | Jason Taylor/ILC
Joan Carling es una activista indígena de la Cordillera, Filipinas, y co-convenor[1] [Office2] del Indigenous Peoples’ Major Group(IPMG), co-directora de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), y dirige una campaña mundial contra la criminalización y la impunidad de los pueblos indígenas: www.indigenousrightsinternational.org/
Mike Taylor es el director de la International Land Coalition (ILC), una red global que promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas.
Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es un día dedicado a celebrar y honrar las culturas, la historia y los derechos de los 476 millones de indígenas de todo el mundo.
Con especial énfasis este año en la resistencia ante el COVID-19, es hora de destacar la fuerza y la dignidad de los pueblos indígenas y reconocer la contribución que hacen a la protección de nuestro planeta.
Los bosques, la vida silvestre y la biodiversidad que son gestionados por los pueblos indígenas y las comunidades locales son fundamentales para prevenir futuras pandemias. Además, almacenan 37.7 mil millones de toneladas de carbono - más que las emisiones mundiales de CO2 en 2013 procedentes de la combustión de combustibles fósiles y los procesos industriales. Sí, el papel que los pueblos indígenas siempre han desempeñado como guardianes de nuestro planeta beneficia a toda la humanidad. Pero lo que es aún más importante, es su derecho a estar allí, a tener paz mental y una sensación de seguridad sobre sus territorios ancestrales.
En los últimos meses, hemos visto un aumento de la conciencia mundial, y muchas personas se han dado cuenta de que la mayoría de las economías se han construido sobre la base de la exclusión, la discriminación y la explotación de los pueblos y las comunidades. Movimientos como Black Lives Matter están evidenciando el racismo y la inequidad sistémicas que están incrustados en los huesos de nuestras sociedades. Esta ha sido la lucha histórica de los pueblos indígenas y muchas otras comunidades, que han soportado siglos de despojo y violencia étnica que han socavado su dignidad y bienestar.
A medida que la gente toma las calles en algunas partes del mundo para protestar por la justicia y la equidad, vemos una tendencia alarmante en la que los pueblos y comunidades indígenas están siendo afectadas por la "antigua" amenaza del acaparamiento de tierras, solo que ahora bajo el disfraz y la cobertura de un bloqueo sancionado por el gobierno. Esto, a su vez, facilita la impunidad de esos desalojos y pone a las comunidades desplazadas en mayor riesgo de exponerse a la pandemia mundial en un círculo vicioso.
La defensa del planeta nunca ha sido más mortal para los pueblos indígenas. Los datos publicados la semana pasada por Global Witness muestran que el 40% de los defensores de la tierra y el medio ambiente que perdieron la vida en 2019 pertenecían a comunidades indígenas.
De cara a la recuperación de la pandemia, tememos un incremento de los desalojos. Los gobiernos que están intentando poner en marcha las economías, pueden ignorar los elevados costos sociales y ambientales y centrarse en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que son ricos en biodiversidad y recursos.
La Defending Land and Environmental Defenders Coalition – de la que forman parte instituciones como Business and Human Rights Resource Centre, Frontline Defenders, Global Witness, World Resources Institute y la International Land Coalition– han reunido pruebas fehacientes de ello vía LANDex, un sistema de monitoreo global dedicado a democratizar los datos sobre la tierra para documentar la represión, la violencia y las represalias contra los defensores relacionadas con el[Office1] COVID.
En Kenia, las comunidades indígenas Ogiek y Sengwer han sido sistemáticamente obligadas a abandonar sus bosques desde la colonización británica. La historia se sigue repitiendo, ya que el gobierno keniano los ha desalojado de [Office2] sus hogares incluso en medio del actual brote. Ni siquiera la restitución que obtuvieron de sus derechos legítimos, decidida por el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, podría[Office3] detener esta injusticia.
Mientras tanto, en Nepal, las autoridades del Parque Nacional Chitwan están quemando hasta los cimientos de las casas del pueblo indígena Chepang, a pesar de que tienen derechos legales para vivir allí. La catástrofe ha desplazado a unas 60 familias, dejándolas sin hogar en tiempos de fuertes lluvias y de una pandemia mundial.
En medio del confinamiento, los funcionarios forestales del Departamento Forestal de Odisha en la India desalojaron injustamente a 32 familias Kondh Adivasi de la aldea de Nehela, bajo Jugsaipatna Panchayat en el distrito de Kalahandi, el 24 de abril de 2020. Las casas de las víctimas fueron desmanteladas por la fuerza sin previo aviso y sus pertenencias fueron arrojadas al suelo.
La conservación continúa siendo utilizada como justificación a estos desalojos, a pesar del reconocido papel que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección de la biodiversidad de nuestro planeta. Muchos parques nacionales y zonas de conservación son gestionados conjuntamente por los gobiernos y las organizaciones de conservación, de manera que se impide que los pueblos indígenas utilicen esas zonas para sus medios de vida y sus prácticas culturales. Este enfoque es injusto e incompatible con la necesidad urgente de una forma holística y sostenible de gestionar y conservar los recursos, un enfoque basado en la relación recíproca e interdependiente entre la humanidad y la naturaleza, tal como la practican los pueblos indígenas.
A medida que avanzamos hacia un mundo post-Covid, veremos una mayor presión para obtener rápidos beneficios económicos a expensas de las personas y la naturaleza. Sin embargo, siempre hay un camino más inclusivo para reconstruir nuestras economías que hace hincapié en el uso sostenible de los recursos naturales, respeta los derechos humanos y aborda las causas sistémicas de la desigualdad. Debemos hacer responsables a quienes dañan nuestro medio ambiente y dar poder de decisión a quienes lo protegen, para que puedan vivir con dignidad y en paz. Aunque puede tardar más tiempo, será más sostenible a largo plazo y, por supuesto, mejor para nuestro planeta.