MUJER INDÍGENA MISKITA, NICARAGUA | JASON TAYLOR/ILC
Michel Forst es el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Michael Taylor es el director de la Secretaría de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, una alianza mundial que trabaja para garantizar los derechos sobre la tierra.
El mundo se ha unido en la lucha contra un enemigo común, el COVID-19, una fuerza tan poderosa que ha paralizado las economías, trastornado nuestra vida diaria y nos ha llevado a reflexionar sobre lo que realmente importa. Aun así, en mitad del confinamiento mundial, todavía hay acaparadores de tierras e inversores que intentan beneficiarse de la situación. Para estas personas, no hay mejor momento para golpear que ahora.
En este Día de la Tierra, más que en ningún otro, debemos centrar la atención sobre las personas que, diariamente, son las guardianas de nuestro planeta: las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Están en la primera línea de la protección de sus tierras y territorios contra el abuso corporativo o estatal y la explotación insostenible. Defienden la tierra, los bosques y los recursos acuíferos que proveen a sus comunidades con alimentos buenos y saludables, con cobijo y medicinas.
Al proteger estos recursos para el bien común, las personas defensoras chocan en su camino con aquellos que quieren sacar beneficio de esos mismos recursos naturales. Si sus vidas estaban anteriormente en peligro, esta pandemia global ha empeorado una situación que ya era difícil. Las personas defensoras son, al entrar una comunidad en periodo de confinamiento, más fácilmente acosadas y pierden también su derecho a protección y la atención internacional y de los medios.
La defensa de tierras, ecosistemas y derechos indígenas siempre ha presentado grandes riesgos. En el 2019 fueron asesinadas más de tres personas cada semana por defender sus tierras y el medioambiente. Las personas que sufrieron amenazas o agresiones son incontables.
PROTESTAS POR LOS DERECHOS DE LA TIERRA EN GUATEMALA
Solo hace un año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución trascendental que reconoce la importancia de las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente, instando también a los Estados a asegurar su protección. Sin embargo, incluso en aquellos lugares donde existen mecanismos nacionales de protección para las personas defensoras, éstos fallan al declarar los gobiernos el estado de emergencia e imponer nuevas medidas de contención.
En los peores casos, los confinamientos están siendo utilizados por empresas irresponsables para frenar todavía más a las personas defensoras, y también por parte de gobiernos para dar paso libre a las industrias.
Esto se evidenció cuando las primeras ciudades en Colombia iniciaron el periodo de confinamiento y tres activistas sociales fueron asesinados. El reconocido activista Marco Rivadeneira murió en el departamento sur de Putumayo; Ángel Ovidio Quintero fue tiroteado en la región occidental de Antioquía; e Ivo Humberto Bracamonte fue asesinado en la frontera oriental con Venezuela. Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz han tenido lugar en Colombia más de seiscientos asesinatos de activistas sociales.
Mientras tanto, en Indonesia dos personas locales defensoras de la tierra han sido asesinadas, y cuatro más arrestadas, en conexión con conflictos territoriales en Sumatra y Borneo. Las operaciones de minería y de plantación de aceite de palma continúan funcionando como siempre en las áreas rurales, mientras que las personas activistas tienen orden de permanecer en casa.
En Brasil, la agencia medioambiental nacional está retirando a su personal de seguridad debido al riesgo de contracción del virus, lo que coincide con el aumento de la deforestación en un 70% en comparación con la del 2019. Se teme que leñadores y acaparadores de tierras se aprovechen de la negligencia en la vigilancia y esperen disfrutar de impunidad. Esta misma tendencia se viene observando en países de todo el mundo.
El aumento en la vulnerabilidad de las personas defensoras es palpable y lo que está ocurriendo, alarmante. Debemos preguntarnos cómo podemos asegurar y promover su seguridad.
Personas Expertas en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado gran preocupación sobre “el aumento en informes de asesinatos y otros incidentes de uso excesivo de la fuerza, especialmente en relación con las personas que están viviendo situaciones vulnerables”. Amnistía Internacional ha emitido, con la finalidad de asegurar que las respuestas nacionales al COVID-19 se alineen con obligaciones gubernamentales internacionales en derechos humanos, una serie de recomendaciones para los Estados del continente americano.
Además de solicitar a los Estados que mantengan sus promesas y sus estrategias de protección, debemos tomar algunos pasos urgentes.
Desarrollar un sistema de alerta urgente en tiempo real para ayudar a las personas en peligro durante las situaciones de crisis. Datos disponibles muestran que el 80% de los asesinatos están precedidos por una agresión no mortal o una amenaza al grupo afiliado o comunidad. Por tanto, si una persona defensora recibe amenazas diarias de muerte, normalmente es señal de lo que está por llegar, pero… ¿quién escuchará sus gritos de auxilio?
Un grupo de organizaciones pertenecientes a la Coalición Defend the Defenders (Coalición DD) , entre ellas el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Frontline Defenders, Global Witness, World Resources Institute y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, está construyendo una base de datos de incidencias relacionadas con el COVID. Esta base de datos se publicará la próxima semana en LANDex, el sistema global de monitoreo dedicado a democratizar los datos sobre tierras.
Particularmente vulnerables son muchas personas que se encuentran entre los 320 millones de habitantes del planeta que pertenecen a pueblos indígenas y cuyos territorios son, a menudo, ricos en recursos naturales. A pesar de proteger más del 50% de la superficie terrestre, solo se les reconoce de forma oficial algo más de un 10%, situación que deja a las personas indígenas excepcionalmente expuestas. Gobiernos y empresas deberían prestar atención a las demandas de moratoria para actividades externas en territorios indígenas, siempre que no haya consentimiento expreso de las comunidades afectadas.
Más allá de las medidas urgentes, es fundamental construir la resiliencia a largo plazo de estas comunidades, de manera que se reduzca su vulnerabilidad frente al aumento del acoso, las amenazas, la criminalización y finalmente, los asesinatos. Asegurar los derechos a la tierra de las comunidades locales ofrece a éstas un mayor control sobre sus territorios, además de un recurso legal para enfrentar situaciones de acoso y agresiones.
En este Día de la Tierra, mientras miramos esperanzados la reconstrucción de un mundo más sostenible, no podemos olvidar a las personas que han dedicado su vida y que se han puesto en riesgo junto a sus familias, para trabajar porque esta reconstrucción fuera, simplemente, posible.