PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL CONTRA LOS CONTINUOS ASESINATOS EN GUATEMALA

La International Land Coalition – ILC (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) expresa su preocupación por la grave situación de criminalización y vulneración de derechos humanos de organizaciones campesinas e indígenas de Guatemala en el ejercicio de su rol en la defensa pacífica de sus tierras y territorios.

En lo que va del año, cuatro defensores de organizaciones que hacen parte de la ILC han sido asesinados y uno de ellos se encuentra desaparecido. Son los casos de los asesinatos de Misael López (11/8/2020), Fidel López (23/06/2020) y Dominga Ramos (05/03/2020) del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA); y Medardo Alonzo Lucero (15/06/2020) de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti Nuevo Día. Carlos Enrique Coy, defensor de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas-UVOC, se encuentra desaparecido (03/08/2020).

Además, fue asesinado Benoit Amedee Maria (10/08/2020), ciudadano francés defensor de los derechos humanos y director de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras que trabajaba en favor de las comunidades indígenas maya ixil. A ello se suman 5 intentos de desalojo extrajudicial a comunidades indígenas en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, que evidencian la inseguridad de la tenencia de la tierra que viven los campesinos e indígenas en el país.

En 2018, la ILC, Front Line Defenders y Civicus realizaron una misión internacional en Guatemala ante la escalada de violencia (criminalización, detenciones arbitrarias, asesinatos, entre otros) contra personas defensoras de la tierra y medio ambiente, en la cual se evidenció un preocupante patrón de violencia sistemática que continúa vigente.

Según el último informe de Global Witness (2019), América Latina continúa siendo la región más letal para estos defensores, siendo Guatemala uno de los países con más muertes per cápita. Solo este año, la UDEFEGUA reporta 677 agresiones a personas defensoras de los derechos humanos en el país.

En diciembre del 2019, como parte de la Movilización Global de Land Rights Now, denunciamos junto con organizaciones de todo el mundo, el asesinato y criminalización de personas y comunidades defensoras de los derechos a la tierra y el territorio en el país.

Hoy, las organizaciones indígenas y campesinas en Guatemala se enfrentan a un contexto de violencia agravado por el debilitamiento de la institucionalidad agraria y de derechos humanos. Las últimas medidas dadas por el gobierno que eliminan la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de la Paz (SEPAZ) son un retroceso en la construcción de un Estado más democrático y respetuoso de los derechos humanos.

La eliminación de estas instituciones, creadas para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y con un rol fundamental para el diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas y campesinas, dificulta aún más la resolución pacífica de la aguda problemática agraria y territorial, así como el abordaje de las demandas campesinas por un desarrollo rural integral.

Ante la crítica coyuntura:

• Reiteramos nuestro respaldo a las organizaciones indígenas y campesinas que luchan por la defensa de los derechos humanos en Guatemala y reconocemos la legítima labor que realizan desde la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio, así como desde otros espacios.
• Exhortamos a las autoridades de Guatemala a dar solución a los conflictos existentes por la vía democrática y bajo el respeto de los derechos humanos, y destacamos que:
  • El Estado debe reconocer el derecho legítimo a la tierra y al territorio de campesinos/as y de pueblos indígenas, y asegurar el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en materia de sus derechos.
  • Es necesario resolver la conflictividad agraria y poner fin a la política de desalojos. Para ello, es necesario desconcentrar la propiedad de la tierra mediante políticas públicas redistributivas, recuperar territorios indígenas y garantizar tanto el acceso a la tierra por parte de comunidades campesinas y pueblos indígenas como su seguridad jurídica, de modo que la migración sea contenida y se asegure el derecho a la alimentación.
  • Es preciso reconocer y dignificar públicamente el derecho a defender derechos humanos y a organizarse en un entorno seguro y apto, sin procesos de criminalización y diseminación de discursos de odio.
  • Es urgente que el Estado apruebe y ponga en marcha una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, y asegurar que cuente con la institucionalidad y los mecanismos adecuados que garanticen el acceso a la justicia y el cese de la impunidad.
  • El Estado debe garantizar el adecuado funcionamiento de instituciones especializadas en materia agraria y derechos indígenas, que atienda las demandas de la población rural indígena y campesina, y posibilite el diálogo entre esta y el gobierno, contribuyendo así a la resolución del conflicto agrario que persiste en el país.
• Hacemos un llamado a la comunidad internacional para poner atención a lo que viene sucediendo en Guatemala y apoyar de manera conjunta los esfuerzos que están realizando las organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos para construir un país más justo, democrático y libre de violencia.

International Land Coalition

26 de agosto de 2020