Un nuevo informe de políticas destaca el vínculo existente entre reconocer los derechos de las comunidades y asegurar una seguridad alimentaria y una protección ambiental a escala global. En concreto, el informe explora en profundidad las acciones de los defensores comunitarios para asegurar los derechos a la tierra en oposición a la industria alimentaria mundial y a ciertas políticas de desarrollo de los gobiernos. Los seis casos de estudio del informe analizan las siguientes campañas por los derechos de la tierra:
Kenia: Tras victoria legal, el Pueblo Ogiek sigue esperando que se haga justicia.
Myanmar: Construcción de carreteras destruye tierras y medios de vida en la zona proclive al conflicto de Myanmar.
Perú: Los Shipibo luchan para que se reconozcan sus derechos a la tierra mientras que las empresas lo tienen fácil para adquirir sus tierras.
Uganda: Pueblos Indígenas expulsados de sus hogares «en nombre de la preservación» a pesar de victoria legal.
Guatemala: Pueblos Indígenas afrontan hambre y pobreza tras haber sido expulsados de una plantación azucarera.
Australia: Miembros de la nación Yuin enfrentan cargos criminales por pescar con fines de subsistencia.
El informe también presenta recomendaciones para gobiernos, instituciones financieras y empresas, donantes bilaterales y multilaterales de alcance mundial y consumidores.