La desigualdad de la tierra abarca una serie de conceptos, medidas y hechos. Este informe de síntesis abre nuevos caminos al reunir las múltiples facetas de la desigualdad de la tierra y analizarlas de manera exhaustiva. La investigación que se presenta en este informe se basa en una gama de medidas más amplia que la que se aplica habitualmente a la igualdad en la tierra, y examina la forma en que la desigualdad de la tierra está relacionada con problemas mundiales apremiantes, como las crisis de poder y democracia, la pobreza y el desempleo, la justicia y la migración intergeneracional, las crisis climáticas y la degradación del medio ambiente, y la seguridad sanitaria y las pandemias mundiales.

Históricamente, la desigualdad de la tierra se ha medido en términos de diferencias en la propiedad de la tierra. Sin embargo, una investigación exhaustiva de la desigualdad de la tierra requiere que examinemos muchas más dimensiones relativas al uso y el control de la tierra. Entre las cuales figuran:

• la superficie y/o valor de la tierra a la que las personas acceden o poseen;
• el grado de seguridad de la tenencia que tienen las personas;
• la calidad de la tierra, sus características y los activos que pueden estar en ella;
• el control real que tienen las personas, incluido el poder de decisión sobre la tierra;
• el control de los beneficios derivados de la tierra, incluida la capacidad de apropiarse de su valor.

La desigualdad de la tierra es tanto vertical como horizontal.

La desigualdad vertical tiene que ver con la distribución de la tierra entre las personas, generalmente los propietarios o los que controlan directamente la tierra. Pero esto no basta. También es esencial considerar la desigualdad horizontal en la tierra sobre la base de factores como el género, la etnia y la cultura.

La desigualdad de la tierra es estructural y está relacionada con el mercado.

La desigualdad de la tierra no es un fenómeno inevitable, sino que es el resultado de decisiones políticas, de las fuerzas del mercado o de una combinación de ambas.

La desigualdad estructural en la tierra deriva de circunstancias históricas o actuales como la conquista, la colonización y la distribución de la tierra por las potencias coloniales o por el Estado. En esta forma, es común en América Latina y Sudáfrica. Las fuerzas del mercado también impulsan la desigualdad de la tierra fomentando la acumulación, a menudo por parte de los que ya son poderosos y ricos.

La desigualdad de la tierra es una causa y una consecuencia de otras desigualdades.

La desigualdad de la tierra está determinada por factores económicos, políticos, sociales, espaciales y ambientales, a los que a su vez también influye. Esta interconexión significa que para hacer frente a la desigualdad en materia de tierras se requiere un enfoque global e intersectorial. También significa que abordar la desigualdad de la tierra tendrá una amplia gama de consecuencias positivas para las desigualdades y crisis más generales de nuestro planeta.

La imbricación de la desigualdad de la tierra con otras desigualdades, y de la desigualdad de la tierra con las crisis y tendencias mundiales, implica un complejo sistema de interconexiones. La desigualdad de la tierra se manifiesta de numerosas maneras, ya sea social, económica, política, ambiental o territorial. La mayoría de estas manifestaciones están interrelacionadas y se influyen mutuamente incluso a través de las desigualdades, lo que da lugar a las principales crisis y tendencias mundiales que vemos hoy en día.

Las manifestaciones de las desigualdades en la tierra y de otras más generales que se presentan aquí se identifican a través de los diversos trabajos de la Iniciativa sobre la Desigualdad de la tierra, y se complementan con la literatura más amplia. No son exhaustivas de todas las cuestiones relacionadas con la desigualdad de la tierra, como los conflictos, el despojo, la pobreza y muchas otras que han sido bien descritas (Recuadro 3). Las cuestiones presentadas sí demuestran la forma en que se relacionan con varias crisis contemporáneas clave a las que se enfrenta nuestro mundo hoy en día, vinculando en última instancia estas tendencias y crisis a la desigualdad de la tierra.

Figura 4: Los factores subyacentes de la desigualdad de la tierra y sus vínculos con otras formas de desigualdad y crisis mundiales

La desigualdad de la tierra está fundamentalmente relacionada con la desigualdad política, en particular en las sociedades en las que la acumulación de tierras transfiere poder político.

En las sociedades rurales, las élites pueden controlar los procesos formales e informales de adopción de decisiones sobre la tierra, con una representación reducida o nula de los pobres y de los agricultores y terratenientes más pequeños. Esto alimenta el control de las élites y aumenta las desigualdades en materia de ingresos, riqueza y activos (incluida la tierra). Desde la acumulación de tierras dentro de sistemas tribales no democráticos en Sudáfrica (Claassens y Cousins, 2008), pasando por la corrupción en los niveles políticos más altos de Kenia (O'Brien, 2012), hasta la perversión de la distribución pública de tierras por parte de las élites terratenientes en Colombia (Espinosa Rincón y Jaramillo Gómez, 2020), los ejemplos son numerosos en todo el mundo. Estas estructuras desiguales a menudo también se vinculan al comportamiento de búsqueda de rentas de los bienes públicos, o lo que con frecuencia se considera público, como la tierra en los sistemas de tenencia colectiva (Alden Wily, 2008; 2010).

Cuando la calidad institucional es deficiente, los ricos ejercen una influencia política aún más fuerte. La debilidad de las instituciones, junto con la subrepresentación de los segmentos más pobres de la población, da lugar a una subinversión sistemática en políticas que benefician a los pobres, los pequeños agricultores y los agricultores familiares. En cambio, los incentivos y los sistemas fiscales tienden a beneficiar a las empresas agrícolas nacionales e internacionales en gran escala, a la participación de las empresas y a las inversiones y adquisiciones de tierras en gran escala.

El caso de GOANA en el Senegal (Recuadro 4) es solo un ejemplo de cómo la desigualdad de la tierra debilita la democracia.

La alta concentración de la propiedad o el control de la tierra suele subvertir los procesos políticos y frustrar los esfuerzos de redistribución más justos (Acemoglu y Robinson, 2000; Boix, 2003).

Existe una correlación directa entre la desigualdad de la tierra y la desigualdad económica en las sociedades agrarias. En términos sencillos, los que tienen más tierras de mayor valor son más ricos que los que tienen menos tierras o no tienen ninguna. Sin embargo, la desigualdad en materia de tierras tiene una vertiente mucho más amplia, que también afecta negativamente a las tasas y la distribución del crecimiento, la generación de ingresos y la acumulación de riqueza (Berg y otros, 2018).

A largo plazo, la desigualdad de la tierra es perjudicial para el desarrollo humano, la estabilidad sociopolítica y la sostenibilidad ambiental (OCDE, 2014; Stevans, 2012; Stiglitz, 2012; Easterly, 2007).

En otros estudios se ha comprobado que la desigualdad en materia de tierras perpetúa la pobreza (OIT, 2019) mucho más allá del sector agrícola y crea una distribución desigual de los activos industriales que persiste en el tiempo (Carter, 2000).

En las sociedades rurales, el poder y la riqueza también pueden aumentar mediante la "acumulación por despojo" y la extracción de beneficios mediante múltiples formas de captación de rentas de la tierra y la mano de obra (Sokoloff y Engerman, 2000; Wegerif y Guereña, 2019; Cochet, 2018). Un ejemplo de este proceso es la tendencia mundial a la adquisición de tierras en gran escala que surgió en 2010. Esta fiebre por la tierra llevó a que 26,7 millones de hectáreas de tierras, principalmente de propiedad colectiva, fueran adquiridas por empresas nacionales e internacionales, por lo general con el apoyo y la participación de las élites nacionales (Land Matrix, 2018; Anseeuw y otros, 2012).

Quienes son expulsados de la tierra, ya sea por las fuerzas de la acumulación, el despojo o el desastre ambiental, pierden su principal fuente de sustento. Por consiguiente, el desempleo y la reducción de los ingresos son resultados comunes de la desigualdad en materia de tierras.

Además, cuando las grandes explotaciones agrícolas dominan el sector agrícola, la mano de obra se hace más asalariada y las relaciones laborales suelen ser sesgadas y ocasionales, lo que provoca una bajada de los salarios reales (Wegerif y Guereña, 2019). Las mujeres son particularmente vulnerables a la casualización de la mano de obra en las explotaciones agrícolas,(Barrientos, 2001: 91), mientras que el aumento de la industrialización a medida que crece el tamaño medio de las explotaciones reduce las oportunidades de empleo en general. Según el tipo de producción, las tasas de absorción de mano de obra son desde una (para los tipos de producción más intensivos en mano de obra, como la horticultura) hasta 25 e incluso 100 veces (para los cereales, por ejemplo) menos en los modelos de explotaciones industrializadas en comparación con las explotaciones familiares (Burnod y otros, 2018; Cochet y otros, 2015). En muchos países de bajos ingresos, en los que la agricultura sigue siendo el mayor empleador y existen pocas oportunidades de otro tipo, la realización sin trabas de esta tendencia corre el riesgo de crear un desastre social y económico de proporciones masivas (Recuadro 5).

El cambio climático es un motor de la desigualdad mundial, incluida la desigualdad de la tierra. Ya está reduciendo la productividad agrícola y expulsando a algunas personas de la tierra (FAO, 2017).

Por el contrario, la desigualdad de la tierra está asociada a las presiones ambientales que contribuyen al cambio climático, como el aumento de los monocultivos a gran escala, perjudiciales para el medio ambiente, que maximizan las economías de escala (Ceddia, 2019; Sant'Anna 2016; Tole, 2004). Al mismo tiempo, las prácticas de uso de la tierra más sostenibles de los productores en pequeña escala, los agricultores familiares y los pueblos indígenas se ven amenazadas por los desalojos de tierras, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la presión excesiva sobre los recursos naturales como el agua y el suelo (FIDA, 2018; Borras y otros, 2012; Bailey, 2011).

Aunque las medidas de mitigación, como la promoción de la energía verde, los proyectos hidroeléctricos o la producción de biocombustibles, pueden tener efectos positivos en el cambio climático, pueden expulsar a las personas de sus tierras, desviar o agotar las fuentes de agua y provocar la deforestación y la destrucción del medio ambiente (por ejemplo, la expansión de los monocultivos para biocombustibles - véase el recuadro 6) (DAES, 2020). Es probable que esas presiones se vean magnificadas por la creciente demanda de tierras para la absorción de carbono vinculada al logro de las metas de emisiones "netas cero" tanto por parte de los países como de las empresas. En este sentido, incluso las políticas ambientales destinadas a responder al cambio climático, si no se diseñan y aplican cuidadosamente, pueden exacerbar aún más la desigualdad de la tierra, en particular en los países en desarrollo.

Existen fuertes conexiones entre la desigualdad de la tierra, los cambios en las prácticas agrícolas, como el aumento de los monocultivos, y las malas condiciones de salud y la propagación de enfermedades.

La COVID-19 es la última enfermedad zoonótica que ha surgido de una combinación de cría de animales insalubre y de la presión sobre las poblaciones de fauna silvestre. Si bien sus principales efectos se han producido en las poblaciones urbanas, la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto las desigualdades a las que se enfrentan los grupos que carecen de tierras, como los pueblos indígenas, las castas inferiores, los ancianos, las mujeres, los jóvenes y los migrantes, así como los trabajadores ocasionales (comunes en la agroindustria) y los arrendatarios sin tierras (PNUD, 2020; FAO, 2020; CIT, 2020). La desigualdad en materia de tierras disminuye la resistencia a las crisis de enfermedades y, a nivel de los hogares, puede dar lugar a la pérdida de viviendas y a la falta de acceso a la infraestructura y los servicios, las redes comunitarias tradicionales y las instituciones de reciprocidad social. La capacidad de resiliencia y las estrategias de supervivencia de las mujeres se ven limitadas por el debilitamiento de los derechos sobre la tierra, lo que las coloca en una situación de desventaja aún mayor en estas situaciones, con el consiguiente efecto en los niños y jóvenes de sus hogares (FAO, 2020; FAO, FIDA y ONUDI, 2016). El acaparamiento de tierras y los desalojos forzosos se han documentado en el contexto de la COVID-19 (ILC, 2020), lo que exacerba las desigualdades en materia de tierras y de derechos sobre la tierra, en particular en las sociedades que están fuertemente vigiladas.

La migración siempre ha sido una estrategia de adaptación para los seres humanos, incluidas las personas afectadas por la desigualdad de la tierra, para las que es una estrategia común de adaptación. La pobreza, el desplazamiento, las malas condiciones de vida, la exclusión social y la falta de oportunidades suelen derivarse del acceso desigual a la tierra. La migración es también una respuesta a los conflictos, al cambio climático y a las democracias inestables, todo ello relacionado de una forma u otra, como hemos visto, con la desigualdad de la tierra. En general, la desigualdad de la tierra -por su interconexión con las desigualdades sociales, económicas, ambientales y espaciales- influye en la resiliencia y la capacidad de reacción de las personas (OIM y CLD, 2019; Obeng-Odoom, 2017), y la migración suele ser el último recurso.

Además de ser un factor de empuje para la migración, la desigualdad de la tierra es también una consecuencia de la migración. Especialmente en los asentamientos informales de sus lugares de destino, los migrantes suelen quedar atrapados en condiciones laborales y de vida muy desiguales. Su derecho a la tierra y a los derechos sobre la misma es limitado y a menudo corren el riesgo de seguir desplazándose. En el caso de las comunidades de acogida, la migración puede aumentar la presión sobre la tierra, lo que repercute en los derechos a la tierra de las mujeres y otros grupos vulnerables de esa comunidad.

Las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales se enfrentan a múltiples problemas relacionados con la desigualdad en materia de tierras, entre ellos la reducción del acceso a la tierra y de las perspectivas de empleo, que se ven exacerbados por el cambio climático (FIDA, 2019; Kosec y otros, 2018). Esto tiene ulteriores consecuencias para la exclusión social y el desempoderamiento.

En particular, la desigualdad en materia de tierras reduce estructuralmente las oportunidades de las generaciones rurales más jóvenes, especialmente de las niñas, de mejorar sus vidas a largo plazo.

Esta espiral negativa se refuerza a medida que las mujeres y los jóvenes son excluidos sistemáticamente de las decisiones políticas, incluso en relación con la tierra (Oxfam, 2016), lo que se superpone a otras formas de exclusión basadas en la riqueza, el lugar de residencia, la raza o el origen étnico.

El papel central que desempeña la desigualdad de la tierra para muchos problemas mundiales es evidente. Por lo tanto, al abordar esta cuestión se pueden producir resultados positivos significativos para la humanidad y el planeta.

Abordar la desigualdad de la tierra no solo permitirá corregir la desigualdad en materia de bienes y riqueza, sino que reducirá la búsqueda de rentas por parte de una minoría, mejorará la igualdad de ingresos y permitirá un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Esto puede fortalecer las democracias mediante el establecimiento de un proceso de adopción de decisiones de base más amplia entre las poblaciones de tierras, con mayor participación y transparencia. La relación directa de la desigualdad de la tierra con el daño ambiental hace que sea imperativo abordarla para lograr la sostenibilidad ambiental, la mejora de la biodiversidad mundial y la justicia espacial y social, todo ello necesario para combatir el cambio climático y las crisis sanitarias. Todo lo anterior constituye un paso adelante hacia sociedades más resilientes, estables y sostenibles, en las que nadie se quede atrás.

Como escribe Merlet (2020, citando a CTFD, 2020): "Dado que los pequeños productores, campesinos o pueblos indígenas producen más valor neto por unidad de superficie que las grandes empresas, porque conservan la biodiversidad, los suelos, los bosques (a condición de que no se vean reducidos a tener que sobrevivir a toda costa), y porque sus decisiones responden a una lógica de patrimonio y no a una lógica de maximización de los beneficios a corto plazo, a todos nos interesa no permitir una explosión de desigualdades en la tierra".