Guatemala es un país predominantemente rural con altos índices de pobreza y enormes desigualdades en el acceso y distribución de la tierra - apenas el 8,5 % de la tierra está en manos de pueblos indígenas y comunidades locales - siendo esta un eje central del conflicto armado que vivió el país durante 36 años. A pesar de que los Acuerdos de Paz establecieron medidas para garantizar el acceso a la tierra para la población indígena y campesina, la institucionalidad agraria en el país sigue siendo débil e insuficiente, con un proceso de saneamiento de tierras que lleva más de 25 años en curso, y cuyas autoridades han sido designadas sin respetar los procesos correspondientes.

En los últimos años se han dado profundas transformaciones en el ámbito rural por el impulso de industrias extractivas y energéticas, y la expansión de monocultivos, que profundizan la concentración de la tierra y las afectaciones al medio ambiente. Como consecuencia, se registran miles de conflictos y graves vulneraciones a los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas, tales como desalojos ilegales, criminalización y violencia contra defensores/as de la tierra. Los datos son alarmantes: solo en 2021, UDEFEGUA registró 1002 agresiones, incluyendo 11 asesinatos en Guatemala.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo en 2024 -caracterizado como socialdemócrata, ecologista y progresista- supone una oportunidad única para el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de las poblaciones que viven en y de la ella, al incluir como una de sus metas la garantía de este derecho, entendiendo la tierra "como territorio vivo, hábitat cultural de los grupos humanos en ella asentados a favor de la vida plena y del buen vivir".

A pesar del contexto político adverso, la CNT Guatemala ha logrado abrir espacios de diálogo con el FONTIERRA, el MAGA y con la Secretaría de Asuntos Agrarios, antes de su desaparición, para contribuir a la resolución de la conflictividad agraria. Recientemente, y ya bajo la presidencia de Arévalo, tres organizaciones miembro de la CNT y la ILC LAC -CCDA, UVOC y Nuevo Día- firmaron un histórico Acuerdo Agrario con el gobierno, para resolver pacíficamente la conflictividad agraria y promover el desarrollo de las comunidades.

Por otro lado, la CNT hace parte desde su creación de la Plataforma Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, una articulación nacional conformada por más de cien colectivos de mujeres para lograr la aprobación de dicha ley. Y desde 2022 forma parte de la Alianza Escazú Guatemala, una fuerza multisectorial para informar y buscar la ratificación y la implementación del acuerdo en el país.

Ante la problemática de los desalojos que viven las comunidades indígenas del país, la CNT ha visibilizado y sensibilizado a la población sobre la necesidad de que el Estado atienda esta situación, a través de distintas acciones entre las que se destaca la campaña "Alto a los desalojos en Guatemala", impulsada junto con Land Rights Now.