Desde su origen en el 2018, ENI en Argentina focaliza su trabajo en la región del Gran Chaco, zona semiárida que abarca la cuarta parte del territorio nacional y que presenta los niveles de pobreza más altos del país, así como diversos problemas sociales. Sin embargo, en la actualidad, incorpora acciones en diferentes regiones del país, como Puna y Mesopotamia.

La alta concentración de la tierra, la predominancia de monocultivos, el uso de agrotóxicos, y el avance de megaproyectos mineros -con la explotación de litio como uno de tantos ejemplos del avance de las industrias extractivistas- generan graves impactos ecológicos y amenazan a comunidades campesinas e indígenas de todos los territorios del país.

La mayoría de las comunidades indígenas y campesinas carecen de títulos de propiedad y ocupan tierras insuficientes para su desarrollo humano, pese a la legislación vigente. Las políticas neoliberales de los años 90 aumentaron la concentración de tierras, desplazando a comunidades y consolidando una agricultura sin agricultores.

Los pueblos indígenas, cuyos derechos están garantizados por la Constitución y protegidos por convenios internacionales, han enfrentado históricamente despojo de sus tierras, marginación, y falta de representación en estructuras gubernamentales, perpetuando políticas con enfoques asistencialistas que sostienen la subordinación, el racismo y prácticas neo-colonizadoras. Desde 2006, la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena compromete al Estado a reconocer legalmente las tierras de los pueblos indígenas, pero estos procesos aún no se han completado.

Y mientras las actividades extractivas se multiplican, crece el riesgo para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, que no cuentan con mecanismos de protección legal efectiva contra la criminalización y las amenazas contra su integridad física.

El gobierno nacional de ultraderecha que asume la conducción del país a fines del 2023, sin dudas abre un período de enormes retrocesos. Con un discurso que niega la crisis climática e impugna la Agenda 2030, las reformas de fondo que impulsa debilitan y comprometen los derechos de quienes viven en y de la tierra en Argentina.

Entre los distintos logros alcanzados por la CNT Argentina se destaca su contribución a la elaboración y aprobación del reglamento de la Ley de Agricultura Familiar aprobada en 2023. También, gracias a sus esfuerzos, se incluyó la agenda de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú.

La CNT es reconocida por la ONU Argentina como interlocutora clave, en la generación de información y recomendaciones en torno a los derechos a la tierra y el territorio para CEDAW, DESC, así como para el Examen Periódico Universal, con énfasis en la situación de las mujeres rurales del Chaco Argentino.