7
políticas modificadas
1
prácticas modificadas
232,000
Personas con tenencias segura
ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA COALICIÓN NACIONAL POR LA TIERRA DE ECUADOR
Corporación sistema de investigación sobre problemáticas agrarias del Ecuador (SIPAE), Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Fondo Ecuatoriano Popularium Progressio (FEPP), Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Luna Creciente, Coordinadora de Organizaciones juveniles de Imbabura y Carchi, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras Capitulo Imbabura y Capítulo Carchi, RED de Mujeres Negras, Federación Indígena y Campesino de Imbabura (FICI), Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), Pueblo indígena Karankis, Pueblo indígena Imbayas, Pueblo indígena Natabuelas, Consejo de Gobierno de la Confederación del Pueblo Kayambi, Consejo de Gobierno de la Comunidad Indígena Pukará de Pesillo, Movimiento Cantonal de Mujeres de Cayambe, Fundación de Culturas Indígenas Kawsay, Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí Pedro Moncayo (UCCOPEM), Organización de Mujeres Indígenas Campesinas Sembrando Esperanza (OMICSE) y Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
LOS DERECHOS A LA TIERRA EN ECUADOR
En los últimos años se ha dado en Ecuador una profunda crisis que golpea con mayor fuerza a los grupos de la población que históricamente han sido excluidos, como son los pueblos indígenas, afroecuatorianos, los sectores campesinos y populares y las mujeres, entre otros.
El país se caracteriza por la ausencia de una política de distribución de tierras equitativa y por la falta de títulos y de garantías de propiedad –datos de LANDex muestran que la financiación para la formalización y el apoyo institucional para reconocer y formalizar los diversos sistemas de tenencia son limitados. La concentración de la tierra y los conflictos por esta entre los grupos y comunidades indígenas y las industrias extractivas por esta persisten.
Los constantes cambios de mandatos y la falta de capacidad institucional reducen las posibilidades de implementar una política de tierras y territorios que ponga en el centro a las personas y a la soberanía alimentaria. A ello se suma la política regresiva de los últimos gobiernos frente a los limitados avances en materia agraria que se dieron durante la década del gobierno de Rafael Correa (2007 – 2017).
Gracias al trabajo de la CNT y otros actores se logró -a través de un proceso participativo de gobernanza territorial- la declaración del Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) Mojan, lo que contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones locales ante los efectos del cambio climático y aseguran el acceso al agua a cerca de 200.000 personas.
También ha contribuido a la formulación de reglamentos de tierras comunitarias destinados a fortalecer la justicia indígena y la resolución de conflictos territoriales, así como a la conformación del Consorcio Público de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del Territorio Ancestral de Imbabura y Carchi, entre otros.
