En los últimos años se ha dado en Ecuador una profunda crisis que golpea con mayor fuerza a los grupos de la población que históricamente han sido excluidos, como son los pueblos indígenas, afroecuatorianos, los sectores campesinos y populares y las mujeres, entre otros.

El país se caracteriza por la ausencia de una política de distribución de tierras equitativa y por la falta de títulos y de garantías de propiedad –datos de LANDex muestran que la financiación para la formalización y el apoyo institucional para reconocer y formalizar los diversos sistemas de tenencia son limitados. La concentración de la tierra y los conflictos por esta entre los grupos y comunidades indígenas y las industrias extractivas por esta persisten.

Los constantes cambios de mandatos y la falta de capacidad institucional reducen las posibilidades de implementar una política de tierras y territorios que ponga en el centro a las personas y a la soberanía alimentaria. A ello se suma la política regresiva de los últimos gobiernos frente a los limitados avances en materia agraria que se dieron durante la década del gobierno de Rafael Correa (2007 – 2017).

Gracias al trabajo de la CNT y otros actores se logró -a través de un proceso participativo de gobernanza territorial- la declaración del Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) Mojan, lo que contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones locales ante los efectos del cambio climático y aseguran el acceso al agua a cerca de 200.000 personas.

También ha contribuido a la formulación de reglamentos de tierras comunitarias destinados a fortalecer la justicia indígena y la resolución de conflictos territoriales, así como a la conformación del Consorcio Público de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del Territorio Ancestral de Imbabura y Carchi, entre otros.