Lo que se cuenta, se protege

Los pequeños agricultores, los pastores, los pueblos indígenas y las comunidades locales producen gran parte de los alimentos del mundo y cuidan gran parte de su naturaleza; sin embargo, muchos de ellos carecen de derechos seguros sobre sus tierras. Mientras los países se reúnen en la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17 del CDB) en Ereván, Armenia, la Coalición Internacional por la Tierra hace un llamamiento para que se reconozcan y se tengan en cuenta esos derechos

Los pequeños agricultores producen por sí solos un tercio de los alimentos del mundo en menos de una décima parte de las tierras de cultivo, según el FIDA. Sin embargo, hasta un 28 % de la población de los países de renta baja y media tiene un acceso limitado a la tierra o carece de seguridad en la tenencia (FIDA).

Por eso, la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) está atenta a las decisiones clave que se adopten en la COP17 del CDB, la principal cumbre de la ONU sobre las personas y la naturaleza.

Nuestra opinión es sencilla. El Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KM-GBF), el plan mundial para la naturaleza, no tendrá éxito a menos que las personas que viven de la tierra y la cuidan tengan derechos sobre ella. Y no podemos saber si esos derechos están mejorando a menos que los países los midan.

La primera impresión

En 2022, casi todos los Estados miembros de la ONU respaldaron el Marco Mundial para la Biodiversidad, comprometiéndose a detener y revertir la pérdida de naturaleza para 2030. En él se establecieron 23 objetivos, que abarcan desde la restauración de tierras dañadas hasta la protección del 30 % de las zonas terrestres y marinas del planeta, pasando por el fomento de la agricultura sostenible y el reconocimiento de los derechos sobre las tierras, los territorios, los recursos y los conocimientos tradicionales.

La cumbre de este año, que tendrá lugar en Ereván del 19 al 30 de octubre, es la primera ocasión en la que los países han informado oficialmente sobre los avances a través de sus séptimos informes nacionales. El veredicto preliminar, presentado en el SBSTTA en Nairobi en julio, es claro: se ha realizado un esfuerzo importante, pero los avances hacia muchos de los objetivos siguen estando muy lejos. La COP17 es la primera Conferencia de las Partes desde que los países crearon un órgano permanente para los pueblos indígenas y las comunidades locales en el marco de la Convención, lo que ha dotado a sus derechos y conocimientos de un mayor peso en las negociaciones. Los países evaluarán los avances a mitad del Plan de Acción sobre Género (GPA) de la Convención, lo que supone una oportunidad para preguntarse si se está avanzando en los derechos de las mujeres a la tierra. Además, la cumbre llega justo cuando el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores llega a su fin. Todo ello supone importantes oportunidades para avanzar.

El problema del 7 %

Parte de la respuesta radica en que los países no están midiendo algunos de los aspectos más importantes.

En 2025, los países acordaron una forma de hacer un seguimiento de los derechos sobre la tierra y el uso del suelo en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El indicador principal 22.1 es uno de los parámetros fundamentales sobre los que se pide a todos los países que informen. Sin embargo, de los 129 informes nacionales revisados hasta la fecha, solo el 7 % lo incluía. Y solo un país, Kenia, lo ha comunicado en su totalidad, basándose en datos globales, entre ellos los de LandMark, junto con datos recopilados por organizaciones comunitarias.

Hay razones comprensibles. El indicador principal de la Meta 22 se acordó en una fase avanzada del ciclo de presentación de informes. Los registros catastrales suelen estar dispersos entre distintos organismos o, directamente, no existen. Además, resulta difícil definir los territorios tradicionales en la legislación. Pero el resultado es, sin duda, un punto ciego. Si no se tienen en cuenta los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, es fácil dejarlos fuera de los planes nacionales y fácil sacrificarlos a cambio de otros intereses.

La otra parte de la respuesta es el dinero. Los pequeños agricultores reciben menos del 1 % de la financiación mundial destinada al clima, según el FIDA, a pesar de que gestionan gran parte de las tierras de las que depende el plan mundial. La financiación destinada a la naturaleza debe llegar hasta ellos, con garantías que protejan sus derechos sobre la tierra.

Ahora se puede medir, la nueva guía

Kenia demuestra que es posible y, para ayudar a otros países a seguir su ejemplo, el ILC va a presentar en la cumbre una guía práctica sobre cómo informar sobre los derechos sobre la tierra. La guía plantea tres preguntas sencillas sobre las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales:

• ¿Está reconocido legalmente? El Estado reconoce formalmente una parte de los terrenos que las comunidades poseen o utilizan.
• ¿Se siente la gente segura? Si las comunidades y sus habitantes consideran que sus derechos están protegidos.
• ¿Se encuentra el terreno en buen estado? Es decir, si el terreno es estable o está mejorando, en lugar de estar degradado.

Las tres respuestas se combinan en una puntuación única que puede seguirse a lo largo del tiempo. Los países no necesitan datos perfectos para empezar; pueden comenzar con lo que tienen y mejorar con cada ronda de presentación de informes. Gran parte de los datos ya existe: LandMark, el mapa mundial de tierras comunitarias que el ILC gestiona conjuntamente con el Instituto de Recursos Mundiales, ofrece cifras ya elaboradas para cada país, y las propias comunidades disponen de mapas, registros y conocimientos que ningún satélite puede captar.

Las cifras también deben reflejar quiénes gozan de derechos garantizados. Las mujeres constituyen casi la mitad de la mano de obra agrícola mundial, pero solo ocupan el 15 % de los puestos de propietarios de tierras agrícolas, por lo que los datos sobre la tierra deben desglosarse por sexo. El Informe de Género de Prindex de 2024, asimismo, reveló que las mujeres eran más propensas a señalar factores internos de inseguridad —divorcio, fallecimiento de un familiar o desacuerdos con parientes—, lo que refleja cómo los derechos de las mujeres sobre la tierra suelen seguir dependiendo de sus relaciones con otras personas.

Hacemos un llamamiento a las mujeres, en toda su diversidad, para que participen en el análisis de género de la COP17, y colaboraremos con el Grupo de Mujeres en estas peticiones. Las cifras también deben incluir las tierras compartidas y estacionales, como los pastizales de los que dependen las mujeres ganaderas. En agosto, la cumbre de las Naciones Unidas sobre la desertificación acordó una nueva redacción sobre los derechos sobre la tierra, los pastizales y los pastores; la COP17 es una oportunidad para trasladar eso a las negociaciones sobre la naturaleza.

Aquí es donde los gobiernos y las comunidades se necesitan mutuamente. Los gobiernos son responsables de las cifras oficiales, pero la guía muestra cómo las comunidades, la sociedad civil y las iniciativas de datos de terceros pueden aportar, complementar y cuestionar esas cifras antes de que se presenten.

Lo que pedimos

Ahora que los países están haciendo balance, les pedimos que:

1. Comprometerse a evaluar los derechos sobre la tierra. Animar a todos los países a que informen sobre los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales en su próximo informe nacional, utilizando los datos disponibles en la actualidad.
2. Mantener los derechos sobre la tierra como eje central del plan. Mantener y reforzar las disposiciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluso en las iniciativas destinadas a proteger el 30 % de la superficie terrestre y marina.
3. Tener en cuenta los derechos de las mujeres sobre la tierra. Asegurarse de que el análisis de perspectiva de género proporcione datos sobre la tierra desglosados por sexo y que reflejen la participación real de las mujeres.

In this triple COP year, Ulaanbaatar showed that land rights, women and pastoralists can win a place in the Rio Conventions, and Yerevan is where we can make them count – building on strong language, existing indicators and permanent mechanisms for direct participation. It is momentum that will carry on to climate talks in Antalya, where the people and communities acting as guarantors of the global commitments across the Rio Conventions can again be centred for their critical role.