Pese a que cerca del 62% de la población de Bolivia se considera indígena, con mayoría quechua y aymara, pueblos indígenas y campesinos vienen enfrentando una larga historia de desposesión y discriminación. Por eso, la Constitución Política del Estado de 2009 supuso una transformación profunda para el país, al garantizar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a la tierra, reconociendo la pluralidad cultural, promoviendo la gestión comunitaria de los recursos naturales y dando lugar a una reforma agraria inédita para el país.

A 2023, Bolivia ha logrado sanear y titular el 91% de la tierra. Asimismo, del 70% de la tierra saneada, el 28% corresponde a pequeñas propiedades y el 27% a Tierras Comunitarias de Origen. Pese a los avances en materia legal, se observa una persistencia de latifundios, y se suman nuevas dinámicas de presión sobre la tierra que impactan seriamente en la vida de campesinos e indígenas. Entre ellas, se destacan la deforestación y ampliación de la frontera agrícola y ganadera, y la minería, marcada por la discrecionalidad estatal, la ilegalidad y la ausencia de prácticas ambientales.

Además, en los últimos años han aumentado los avasallamientos y el tráfico de tierras con uso de violencia. Bajo el argumento de la necesidad de reactivar la economía boliviana, no hay intervención estatal ante los actos delictivos contra el medio ambiente y los derechos indígenas.

La CNT apoyó las acciones de incidencia y las tareas de seguimiento del proceso que derivo en el reconocimiento legal de 272 mil hectáreas en favor del pueblo Tacana -TCO Tacana II- en la zona amazónica del departamento de La Paz. Junto con otros aliados brindó asesoramiento jurídico, organizó talleres, formuló estrategias de presión y construyó alianzas que permitieron alcanzar este logro.

Gracias a sus esfuerzos, se introdujeron cambios en el Estatuto del Consejo de Ayllus y comunidades del Municipio de Taraco que promueven la equidad de género en 2021. Se incluyeron artículos que establecen el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos, a adquirir tierras independientemente de su estado civil, y a recibir protección ante actos de violencia física o psicológica.

Por otra parte, la CNT contribuyó al reconocimiento de 900 hectáreas de la comunidad indígena Ese Ejja de Eyiyoquibo, que alberga a más de 40 familias, logrando también su reconocimiento por parte del Estado de pueblo en situación de alta vulnerabilidad, lo que vuelve a los integrantes de la comunidad sujetos de protección especial.